Invitación al Foro Virtual: Crecimiento, Pobreza y Desigualdad
Invitación al Foro Virtual de la #REDCEPAZ:
Tema: Crecimiento, pobreza y desigualdad.
Miércoles 9 de septiembre de 2020
5:00 p.m.
Invitación al Foro Virtual de la #REDCEPAZ:
Tema: Crecimiento, pobreza y desigualdad.
Miércoles 9 de septiembre de 2020
5:00 p.m.
La FIDH y sus organizaciones miembros en las Américas rechazan todas las acciones dirigidas a menoscabar la autonomía e independencia de la CIDH, y en ese sentido, reciben consternadas, la decisión del Secretario General de Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.
La decisión del señor Almagro afecta fuertemente la independencia y la autonomía de uno de los principales órganos de la OEA, por un lado, al desconocer el reglamento de la CIDH y la decisión del pleno de la Comisión que en enero de este año había votado a la unanimidad por la renovación del mandato del Secretario Ejecutivo; y por otro lado, el hecho de manifestar su negativa a renovar el contrato del señor Abrão, el último día del mismo, deja de facto a la CIDH sin persona a cargo de la Secretaria Ejecutiva, lo que redunda en una obstaculización grave al trabajo de la CIDH.
La FIDH y sus organizaciones en las Américas rechazan la comunicación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA señalando que el reglamento de la CIDH no vincula al Secretario General de la OEA, pues esta interpretación pretende desvincular no solo al Secretario General de sus obligaciones, sino que puede ser utilizada por los Estados para desvincularse de los procedimientos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por lo anterior, las organizaciones alertan sobre las consecuencias que puede tener este tipo de intromisión en el trabajo de la CIDH y recuerdan que la OEA debe ser ante todo la garante de la independencia y autonomía de la CIDH, como pilar para seguir avanzando en la observación y defensa de los derechos humanos en las Américas.
Organismos de la FIDH firmantes:
Marvin Ortíz es un reconocido periodista, denunciante de corrupción y crítico del gobierno de Juan Orlando Hernández.
El 01 de agosto de 2020, mientras el periodista se dirigía hacia su centro de trabajo sufrió un accidente como producto de presuntos actos de sabotaje contra su vehículo. Alerta No.12-20 periodista 01/08/2020 Este 01 de agosto de 2020, Marvin Ortíz denunció ante el CIPRODEH que, aproximadamente a las 08:00 A.M., cuando se dirigía a su centro de trabajo, Radio Globo, sufrió un “accidente” a la altura del boulevard Suyapa, que, gracias a la pronta y prudente reacción del periodista, no causó daños graves a la integridad del periodista. Según la información recabada, todo apunta a que el “accidente” responde a posibles actos de sabotaje para atentar contra la vida e integridad del Sr. Ortíz. En el pasado próximo, el periodista ha recibido otras amenazas contra su vida e integridad, en diversas modalidades y ha sido víctima de actos de intimidación, persecución y vigilancia, así como campañas de odio y estigmatización.
En 2016, el periodista recibió acoso y amenazas contra su vida y la de su familia, de manera sistemática. A menudo, el periodista habría recibido mensajes de texto que contenían amenazas a muerte en los que se expresaba -entre otras amenazas-: “[…] ya te mandamos cuatro sicarios para que te manden al otro lado”. En julio de 2019, el periodista denunció que fue perseguido por un microbús color beige, cuando se dirigía a su casa de habitación, acompañado de su menor hijo; según su testimonio, tuvo que desviarse de su ruta para perder de vista a las personas que le perseguían.
Al respecto, todas las amenazas y los riesgos contra la vida e integridad del periodista guardan un nexo causal con el desarrollo de su trabajo de periodismo crítico, particularmente por las denuncias sobre actos de corrupción y las violaciones a derechos humanos, como la cobertura al caso de Berta Cáceres.
De manera general, el CIPRODEH se muestra preocupado por el contexto de violencia generalizada en el que las y los periodistas desarrollan su trabajo, las hostilidades ambientales contra las y los periodistas críticos y, sobre todo, por las represalias que sufren por cubrir y denunciar asuntos asociados con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en el país.
Particularmente, el CIPRODEH alerta a las autoridades hondureñas sobre el riesgo grave e inminente contra la vida e integridad del periodista Marvin Ortíz, sus familiares y demás miembros de Radio Globo. Sobre este punto, el CIPRODEH urge al Estado de Honduras a cumplir con su deber de adoptar medidas para prevenir daños irreparables contra el periodista, así como aquellas medidas destinadas a proteger su vida e integridad y la de las y los periodistas de Radio Globo que corren riesgo por su labor.
Finalmente, el CIPRODEH destaca la obligación del Estado de iniciar investigaciones efectivas sobre las circunstancias en las que se dieron los hechos del sábado 01 de agosto y en su caso, sancionar a los responsables.
*****
El Centro de Investigación de Derechos Humanos (CIPRODEH), es una organización independiente, sin fines de lucro y de carácter privado que, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y las ideas y valores democráticos. Asimismo, el CIPRODEH recibe y verifica información relacionada a presuntas violaciones a derechos humanos y apoya a dar voz a las víctimas. Para más información diríjase a la página del CIPRODEH www.ciprodeh.org.hn, o envíe un correo dirigido al señor Director Carlos M. Leiva a carlos.leiva@ciprodeh.org. Para contactar a la Oficial de Comunicaciones contacte en ciprodeh@cablecolor.hn o puede llamar al (+504) 2232-0857 y (+504) 2232-3572
27 de julio de 2020
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución No. 04/20 “Derechos Humanos de las personas con COVID-19”. La CIDH decidió elaborar esta Resolución que establece las “Directrices interamericanas sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19”, elaborada por la Sala de Coordinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-COVID19).
La CIDH advierte que, desde el inicio de la emergencia sanitaria global, los esfuerzos en las Américas para detener el virus y su enfermedad se han visto afectados por el contexto propio del continente anterior a la pandemia, que incluye la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la debilidad estructural de los sistemas públicos de salud y, muchas veces, la falta de estabilidad política e institucional. Como resultado, las poblaciones de los países de la región han sido y continúan siendo, extremadamente afectadas por la pandemia global. Las personas con COVID-19 corren un especial riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a la salud, mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos.
La referencia a personas con COVID-19 en esta resolución engloba, según corresponda, a las personas presumiblemente contagiadas por el virus, a las personas que están en fase pre-sintomática, sintomática (leves, moderados, severos o críticos), así como las asintomáticas, a quienes se someten a pruebas de investigación médica y a las víctimas mortales por la pandemia, así como a sus familias y/o cuidadores/as. Asimismo, el concepto de familia debe ser comprendido en su más amplio espectro, para garantizar el reconocimiento de los vínculos afectivos y raciales diversos, respetando la orientación sexual y la identidad de género de las personas, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las Directrices contenidas en la Resolución señalan que los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con COVID-19, incluyendo la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, como al interior de todos los poderes públicos de los Estados.
Asimismo, destacan un conjunto de lineamientos para la realización de acciones dirigidas a la protección del derecho a la salud de las personas con COVID-19, incluyendo aspectos sobre los derechos al consentimiento en materia de salud, igualdad y no discriminación, la privacidad y uso de datos, acceso a la información, protección de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y acceso a la justicia. La resolución también recomienda la priorización del derecho a la vida de las personas con COVID-19 en las políticas públicas, disposición de recursos y la cooperación, a la protección de sus derechos en relación con la intervención de actores privados, la protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado, así como sobre el duelo y los derechos de los familiares de las víctimas fallecidas por COVID-19.
Esta Resolución es una aproximación integral de la Comisión sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19, en la que se recogen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se establecen las Directrices Interamericanas para la protección de los Derechos Humanos de las personas con COVID-19. En efecto, la CIDH, con el apoyo principal de su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y aportes especializados de su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE), emite estas directrices como órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto.
“La crisis sanitaria que enfrentamos ha puesto de manifiesto el especial riesgo que sufren las personas enfermas con COVID-19. Existe el imperativo de proteger el derecho a la vida y a la salud desde la perspectiva de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Con estas directrices, la CIDH continúa desarrollando los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para proteger a las personas que hoy están en mayor situación de vulnerabilidad”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Presidente de la CIDH.
“La presente resolución es un documento innovador dentro del Sistema Interamericano que, además de afianzar la centralidad de los derechos a la salud y al cuidado en la respuesta de los Estados durante la pandemia; también afirma la necesidad de abordar esta crisis desde la perspectiva de la indivisibilidad de los derechos humanos.” expresó la Relatora Especial, Soledad García Muñoz. “Del mismo modo, señaló que: “La REDESCA en conjunto con la Comisión, buscan que el presente texto junto con brindar estándares interamericanos de aplicación en la materia, procure ser una guía de utilidad para los Estados, sus autoridades y funcionariado, con el fin de que se aplique un enfoque de derechos humanos en los procesos de toma de decisiones.”, concluyó.
El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Este documento representa una continuidad a la contribución esencial que la CIDH, desde su SACROI COVID-19, pone a disposición de los Estados y de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos en el hemisferio en el actual contexto de la pandemia”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Prensa Comunicados » 2020 » 180
SECUESTRAN A PRESIDENTE DEL PATRONATO Y A TRES LÍDERES MÁS DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DELTRIUNFO DELA CRUZ
Albert Sneider Centeno, es el presidente del Patronato de la Comunidad Triunfo de la Cruz, y junto a Milton Joel Martínez, Suany, Aparicio Mejía y a otro líder de la comunidad de quien se desconoce su identidad, fueron secuestrados el 18 de julio de 2020 por hombres fuertemente armados, identificados con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), tomó conocimiento que el 18 de julio del corriente año, Albert Sneider Centeno, presidente del Patronato de la Comunidad Triunfo de la Cruz, ubicado en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, en Honduras, fue secuestrado junto tres líderes comunales más. Según la información recopilada, la casa del Sr. Centeno y de los otros líderes, fueron allanadas por sujetos desconocidos, con indumentaria que los indentificaba como miembros de a Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a eso de las 06:00 A.M., instante en el que habrían sido capturados, privados de su libertad y hasta ahora, se desconoce su paradero. Es importante mencionar, que estos hechos se dieron en medio de un “toque de queda” o “estado de excepción” a nivel nacional por el actual contexto de pandemia. Según la información recibida, el Sr. Albert Sneider Centeno, sería uno de lo líderes comunales encargados del seguimiento a la implementación de la sentencia “COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS; en tal sentido, prima facie, se puede deducir que, existe un nexo causal entre la captura y desaparición del Sr. centeno y demás líderes, con el desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos de la comunidad Garífuna. Al respecto, la Secretaría en el Despacho de Derechos Humanos comunicó que, habría solicitado a los órganos de investigación del Estado iniciar acciones inmediatas para dar con el paradero de los líderes de la comunidad Triunfo de la Cruz y esclarecer los hechos; sin embargo, las autoridades no adoptaron medidas para prevenir que los hechos ocurrieran, a pesar que tienen conocimiento de los constantes ataques que la comunidad recibe y que en el 2015, el Estado de Honduras fue encontrado responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y por la violación de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. En este sentido, el CIPRODEH expresa su preocupación por la desaparición de los cuatro líderes de la comunidad Triunfo de la Cruz, y resalta que, el incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso supra mencionado, estimula la repetición de los hechos y perpetúa la impunidad en detrimento de la comunidad Garífuna con la agravante del actual contexto de Estado de excepción. Finalmente, el CIPRODEH hace un enérgico llamado al Estado de Honduras para que realice una investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles para dar con el paradero de los líderes de la comunidad Triunfo de la Cruz, y orientada a esclarecer los hechos, así como la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos. Asi como la adopción de medidas preventivas para evitar nuevos ataques contra la Comunidad Garífuna. ***** El Centro de Investigación de Derechos Humanos (CIPRODEH), es una organización independiente, sin fines de lucro y de carácter privado que, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y las ideas y valores democráticos. Asimismo, el CIPRODEH recibe y verifica información relacionada a presuntas violaciones a derechos humanos y apoya a dar voz a las víctimas.
Para más información diríjase a la página del CIPRODEH www.ciprodeh.org.hn, o envíe un correo dirigido al señor Director Carlos M. Leiva a carlos.leiva@ciprodeh.org. Para contactar a la Oficial de Comunicaciones contacte en ciprodeh@cablecolor.hn o puede llamar al (+504) 2232-0857 y (+504) 2232-3572
Tegucigalpa, 7 abril de 2020
A partir del día martes 31 de marzo, el CIPRODEH puso a disposición de la Ciudadanía hondureña el “Mecanismo virtual de atención a denuncias de violaciones a derechos humanos”.
En este marco, hasta el 04 de abril, se registraron 22 denuncias sobre violaciones a derechos humanos. El 67% de estas denuncias hacen referencia a la falta de material bioseguridad y Equipo de Protección Personal (EPP) para los empleados del sector sanitario (médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza), así como público en general.
Por otro lado, el CIPRODEH recibió información respecto de la imposición de “Acuerdos de Confidencialidad” al personal sanitario por parte de las autoridades administrativas, bajo la advertencia de someter a procesos legales a aquellas personas que difundan información calificada como “reservada”, “confidencial” o “secreta”, o “hacer uso de la prensa, radio o televisión para publicar artículos o información relacionada al servicio”, así como la prohibición de “hacer comentarios de la información, con personal ajeno a la institución”.
El CIPRODEH observa con preocupación un alto porcentaje de denuncias que refieren a violaciones al derecho a la integridad física y moral; derecho a la seguridad; derecho a la libertad de expresión, y la violación a los derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud; derecho al trabajo; derecho a la alimentación; y el derecho a la educación. Asimismo, es alarmante que el 55% de las denuncias alegan abusos de poder y faltas a los deberes de los funcionarios, quienes imponen medidas irregulares y sin control, particularmente al personal sanitario y de servicios en el área de salud.
Asimismo, el CIPRODEH conoció la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Iris Argentina Álvarez Chávez, quien habría perdido la vida como producto de un desalojo violento en la comunidad de Los Chachos, Marcovia, Departamento de Choluteca, el pasado 2 de abril de 2020.
Respecto del derecho al trabajo, el CIPRODEH recibió denuncias relativas a violaciones a los derechos de las y los trabajadores; sobre este punto se registran despidos ilegales e injustificados.
De igual forma, el CIPRODEH documentó que la distribución de ayuda humanitaria anunciada por el gobierno ha sido de manera selectiva y basada en criterios político partidarios, situación que coloca en un “estado de necesidad” a la población, para salir de sus casas a buscar alimentos aptos para el consumo o a manifestarse para exigir al gobierno la entrega de dicha ayuda humanitaria, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido reactiva, haciendo un uso innecesario, desproporcionado e ilegal de la fuerza y armas no letales como el gas lacrimógeno.
En esta línea, el CIPRODEH expresa su preocupación, que los Agentes Encargados de Hacer Cumplir la Ley utilizan como pretexto el estado de excepción para disminuir y restringir los derechos humanos y violentar algunos derechos fundamentales.
En este sentido, el CIPRODEH exige al gobierno de Honduras que:
El CIPRODEH, se solidariza con el pueblo hondureño, particularmente con aquellas las familias que han perdido seres queridos como producto de la pandemia por Coronavirus, así como aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco de esta crisis.
Finalmente, el CIPRODEH patenta su compromiso de promover y defender los derechos humanos y llama a la ciudadanía a hacer uso del “Mecanismo virtual de atención a denuncias de violaciones a derechos humanos”.
El presente documento es una contribución del CIPRODEH para movilizar el pensamiento crítico sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 y su progresiva expansión por el mundo. Al respecto, este documento contiene un aporte sobre asuntos de especial prioridad en el abordaje de la pandemia, como el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, la protección del derecho a la salud; el derecho a la alimentación y los derechos de las y los trabajadores. Por otro lado, el CIPRODEH resalta en este documento la importancia de otros derechos.
FIDH — Federación Internacional por los Derechos Humanos
París, 20 de marzo de 2020 — El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus Covid-19 como pandemia. La FIDH hace un llamamiento a la responsabilidad de los Jefes de Estado para garantizar la seguridad sanitaria de la población.
Frente a la fragilidad del sistema sanitario de algunos de los países latinoamericanos, la FIDH considera esencial que los gobiernos tomen las medidas necesarias y efectivas que puedan preservar el derecho a la salud y el bienestar integral de su población, prestando mayor atención a las poblaciones más vulnerables. La FIDH recuerda que las medidas que restringen las libertades individuales pueden adoptarse temporalmente para combatir la pandemia sólo si están justificadas y se ejercen en la medida estrictamente necesaria. No deben poner en peligro a las poblaciones vulnerables y no deben continuar después de la crisis.
América Latina está al inicio de la epidemia, sin embargo la FIDH se encuentra particularmente preocupada por las primeras medidas adoptadas por algunos países de la zona.
Lamentamos profundamente que el gobierno de Nicaragua esté desacatando las recomendaciones de la OMS sobre la distanciación social y aliente las concentraciones públicas. Por ejemplo, el sábado 14 de marzo, el gobierno nicaragüense convocó a una marcha “Amor en los tiempos del Covid-19. Caminamos como pueblo con fe, vida y esperanza” y actualmente a pesar de haber reconocido la existencia de un caso, sigue convocando manifestaciones incluyendo el día 23 de marzo a un “Desfile de celebración del 40 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización”. (https://twitter.com/solgmunoz/status/1239918662456352770)
En Brasil preocupa que el gobierno de Jair Bolsonaro minimice y no haya tomado las medidas concretas necesarias para combatir el virus. A esto se suman las rebeliones en las cárceles en el Estado de Sao Paulo, motivadas por la restricción de las salidas temporales a causa del Covid-19. El país tiene la tercera población carcelaria del mundo con más de 758.000 personas privadas de la libertad. Instamos al gobierno brasileño a tomar medidas que puedan preservar la salud de las y los brasileños.
En Honduras, pese al Decreto Ejecutivo PCM 021 de 2020 que permite el desplazamiento para comprar alimentos y la apertura de tiendas de artículos de primera necesidad, se han cerrado un gran número de supermercados, así como bancos, gasolineras y el acceso al transporte público. En estas condiciones: ¿dónde encontrar comida? Según la información recogida por la FIDH, el barrio popular El Carrizal en Tegucigalpa en donde todos los comercios estuvieron cerrados, estuvo particularmente afectado por dichas medidas. Esta situación conduce a una precariedad inaceptable para la población más desfavorecida, que no dispone de medios para acceder a los alimentos. El mismo decreto exige a la policía que detenga a cualquiera que circule fuera de las excepciones establecidas.
Todavía en Honduras, la FIDH también expresa su preocupación por la llamada “Ley de aceleración económica contra el Coronavirus” votada el 13 de marzo por el Congreso Nacional. Que da la posibilidad de gastar sin licitación hasta 420 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. Esto se enmarca en un contexto de graves escándalos de corrupción que involucran miembros del poder ejecutivo y legislativo: se necesitan mecanismos de monitoreo y de seguimiento para conocer la forma en la que se invierten dichos recursos.
En Venezuela, el trabajador de salud Julio Molinos fue detenido el 18 de marzo en Maturín por hacer un vídeo en donde solicitaba el cumplimiento de la ley de Prevención y condiciones de Medio ambiente de Trabajo (llamada ley LOPCYMAT). La FIDH exige su liberación inmediata y recuerda que las y los médicos, enfermeros y demás miembros de los centros de salud deben contar con las condiciones e instrumentos necesarios para su trabajo y no ser amedrentados.
En América Latina, gran parte de la población trabaja en el sector informal y el hecho de quedarse en sus casas implica una supresión inmediata de sus ingresos. Los gobiernos donde se están imponiendo las medidas de confinamiento deben atender rápidamente a estas poblaciones y no dejarlas desamparadas.
Finalmente, invocamos a la comunidad internacional a apoyar a los países latinoamericanos con frágiles sistemas de salud pública y seguridad social y velar para que los derechos humanos se encuentren en el centro de los planes de emergencia y no se utilicen para reprimir a las poblaciones latinoamericanas.
El informe presentado por la Misión de Observación Calificada en el caso Berta Cáceres de la cual el CIPRODEH es parte, formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.