Justicia hondureña condena a universitarios por reclamar educación pública gratuita
Tegucigalpa.- La justicia hondureña declaró culpables a tres estudiantes universitarios, a quienes se les seguía un proceso desde el año 2015, cuando fueron acusados por el delito de usurpación.
Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, son los condenados y hoy día egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de las carreras de periodismo, sociología y trabajo social, respectivamente.
Con la sentencia dictada el miércoles 7 de junio por la Sala IV del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, las autoridades de la UNAH, encabezadas por la rectora Julieta Castellanos, violentaron el convenio suscrito con el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), que establecía cerrar los procesos penales derivados de la acusación efectuada en el 2015 contra los tres estudiantes.
El tribunal desestimó todas las pruebas de la defensa de los ahora profesionales universitarios y defensores de derechos humanos, prevaleciendo de esa manera la criminalización contra los estudiantes y contra la protesta social.
La individualización de la pena se celebrará el 25 de julio, aunque de manera extraoficial ha trascendido que la pena sería menor de cinco año por lo que es conmutable.
INFILTRACIÓN DE LA ATIC
Antes de emitirse la sentencia, durante el juicio oral y público, la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Norma Suyapa Flores, declaró que en el 2015 se infiltró dentro el movimiento estudiantil.
Flores detalló cómo las autoridades de la UNAH le proporcionaron fotografías de estudiantes y cómo ella se infiltró como estudiante en el movimiento para luego darle seguimiento a los líderes estudiantiles.
La versión de Flores trascendió a la opinión pública por la defensora de los derechos humanos, Dina Meza, quien aseguró haber escuchado cuando la agente de la ATIC hacía las declaraciones.
OACNUDH
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) emitió este jueves un comunicado mediante el cual expresa que se encuentra alarmada por la condena emitida en contra de los universitarios.
En el 2015 los universitarios protagonizaron sendas protestas en los predios de la máxima casa de estudios, exigiendo educación pública gratuita, lo que posteriormente desencadenó en acusaciones presentadas ante el Ministerio Público por parte de las autoridades universitarias.