Criminalización de personas que defienden derechos en Honduras
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, frente a la sentencia condenatoria de la Sala IV del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa en contra de Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, el pasado 7 de junio, MANIFIESTA:
Centroamérica continúa siendo una región insegura para las personas que defienden derechos humanos; estas, se encuentran expuestas a diferentes riesgos por la labor que realizan, todo en un clima de impunidad. Pese a que Honduras es el único país de la región que cuenta con una Ley tendiente a proteger los derechos humanos de defensores y defensoras, no los garantiza.
Desde el 2014 al 2016, el Ministerio Público y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han iniciado procedimientos penales y procesos administrativos sancionadores respectivamente, en contra de alrededor de 110 personas que han participado en protestas estudiantiles.
En Julio del 2015, se inició un proceso penal en contra de Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, por la supuesta comisión del delito de “usurpación”, delito que se les atribuye por la participación en una protesta social con los movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); proceso que concluyó con la condena y criminalización de los referidos defensores.
Lo anterior, denota la intención manifiesta del gobierno, las autoridades universitarias, y el sistema de justicia de Honduras en criminalizar la protesta social y perseguir a las personas que defienden derechos humanos, en esta ocasión del gremio estudiantil, acciones propia de un gobierno represivo, carente de principios elementales democráticos.
Queda manifestado de igual forma el incumplimiento de los acuerdos productos de los diálogos promovidos entre los y las estudiantes con las autoridades universitarias, quienes suscribieron un acuerdo firmado el 20 de Julio de 2016 para abrir el debate de las exigencias y demandas en materia académica de organización y la representación de los estudiantes en los órganos de decisión universitaria; con el acuerdo expreso de la UNAH a suspender todas las acciones y actuaciones judiciales contra los estudiantes; entre otras demandas de las partes.
Además, el caso devela la debilidad institucional en materia de justicia existente en Honduras, al justificar la sentencia condenatoria en contra de los tres defensores, sobre la base de aplicar figuras delictivas de forma discrecional y arbitraria, que atentan contra las libertades fundamentales y el Estado de derecho.
Por lo anterior:
Condenamos y repudiamos la criminalización de los defensores de derechos humanos Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, que hiciere el sistema de justicia hondureño. Exigimos al sistema de justicia de Honduras la revocatoria de la sentencia por medio de la cual condena y criminaliza a los defensores de derechos humanos Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres. Exhortamos al Estado de Honduras a respetar los derechos de las personas que defienden derechos y a crear los mecanismos que permitan su protección y la promoción de su labor, y aplicar la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.
Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones y movimientos estudiantiles y con las familias de los defensores de derechos humanos.
Instamos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a que, se pronuncie al respecto.
“Defender los Derechos Humanos, es un Derecho”
EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA
Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).