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En el marco de la pandemia originada por la propagación del Coronavirus (En adelante “COVID-19”), declarada así por la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud (en adelante “OMS”), y asimismo, bajo la imposición del Estado de emergencia decretado por el Estado de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (en adelante “CIPRODEH”) ha tenido a bien elaborar el presente trabajo, con el propósito de desarrollar una serie de directrices básicas que fortalezcan el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y otros profesionales independientes, que se encargan de realizar la labor de fiscalización, monitoreo, promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras en el marco de la crisis sanitaria.

El presente trabajo resulta ser de gran relevancia, debido a que es el resultado de una investigación exhaustiva que proporciona respuestas efectivas a los actores antes mencionados mientras se encuentren realizando su labor pro-derechos humanos, ya que es imposible obtener resultados satisfactorios realizando las mismas acciones que se utilizan en situaciones regulares, cuando lo que acontece es una situación extraordinaria.

Por consiguiente, el orden en el que se ha desarrollado el presente trabajo es el siguiente: primero, se expone brevemente el contexto nacional actual, segundo, se realiza una conceptualización general sobre los grupos de personas con mayor grado de vulnerabilidad ante el contexto de la emergencia sanitaria, tercero, se establece un conjunto de directrices éticas, jurídicas y de bioseguridad, para la fiscalización de los derechos humanos aplicables al Estado de emergencia, cuarto, se definen criterios específicos para la obtención, verificación y utilización de la información sobre violaciones a derechos humanos, quinto, se establece un formato básico de documentación de violaciones a derechos humanos en aras de garantizar la eficiencia en la recopilación de información.

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Amicus Curiae CIPRODEH_OC-04-19

Directrices para el Monitoreo de Derechos Humanos

Ciudad de Guatemala – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su enérgica condena por las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral realizada el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente.

Según cifras proporcionadas por el Ministerio Público, 10 personas perdieron la vida durante las manifestaciones del 30 de julio. Otras fuentes indican que este número ascendería a 16 personas, además de reportarse numerosas personas lesionadas. Asimismo, se reportaron 2 agentes de policía muertos y 4 en grave estado de salud en el estado Táchira.

Esta jornada electoral fue celebrada en el marco de la crisis que atraviesa Venezuela y en el contexto de casi 4 meses de protestas y represión; bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, condenadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el pasado 29 de julio.

Con anterioridad y durante la jornada se denunciaron amenazas e intimidaciones a los votantes para participar en las cuestionadas elecciones. Asimismo, se registraron actos de violencia cometidos por grupos de civiles armados o “colectivos”. Las manifestaciones públicas llevadas a cabo ese día fueron nuevamente reprimidas mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La violencia de dicha jornada dejó además un gran número de personas heridas y detenidas.

Organizaciones de la sociedad civil registran un estimado de cien personas detenidos en al menos 13 estados y en el Distrito Capital, en contextos de manifestaciones públicas durante la jornada. Asimismo, se reportaron numerosas incursiones ilegales a las viviendas por parte de agentes de seguridad del Estado, sin contar con orden judicial, ni resultar de flagrancia, ocasionando daños a la propiedad. Varias autoridades y voceros del Gobierno desconocieron los hechos violentos arriba referidos y reportaron que el desarrollo del proceso electoral se habría dado con total normalidad.

La Comisión expresa su enérgica condena a los lamentables hechos ocurridos y urge a las autoridades competentes a realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables y a obtener las medidas de reparación correspondientes a las víctimas y sus familiares.

En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, la Comisión reitera que resulta crucial que estos hechos no queden en la impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para evitar con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.

La Comisión urge al Estado venezolano una vez más a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reitera su llamado a la búsqueda de una salida democrática para la grave crisis que enfrenta a fin de restablecer la paz.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Honduras ocupa el primer lugar de la tasa más alta de homicidio infantil en América Latina y el Caribe, según un reciente informe presentado por la organización no gubernamental internacional Save The Children.

Honduras fue el país más violento para los menores de 19 años en la región, con una tasa de homicidios de más de 30 niños por 100.000 habitantes —casi diez veces por encima del promedio global, según el informe “Infancias Robadas” de 2017 de Save the Children.

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En la actual coyuntura de mundialización, cada vez se hace más hincapié a nivel político en la migración laboral. Las dificultades económicas y las crisis geopolíticas que inciden negativamente en el trabajo decente dan lugar a movimientos migratorios cada vez más amplios y diversos.

Habida cuenta de ello, en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de este año tendrá lugar un debate general sobre gobernanza de la migración laboral y contratación equitativa. Se prevé que dicho debate contribuya sustancialmente a las deliberaciones sobre migración en el plano internacional y que dé lugar a un nuevo Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración.

En el orden del día de la Conferencia figura asimismo la revisión de la Recomendación Núm. 71 de la OIT sobre empleo y trabajo decente en aras de la resiliencia, que se espera que contribuya a respaldar las actividades internacionales de la OIT encaminadas a la promoción del trabajo decente en países que se recuperan de un conflicto o una catástrofe.

También se reseña el interés en los debates que tendrán lugar en la CIT de 2018 con miras a examinar la adopción de nuevas normas que permitan hacer frente a la violencia en el trabajo.

Descarga aquí la Revista Trabajo: La Migración debería ser una opción: La Migración debería ser una opción