El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), expresa nuestras más grandes condolencias por el fallecimiento de nuestro amigo JOSÉ ASUNCIÓN MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO: que el Señor JOSÉ ASUNCIÓN MARTÍNEZ, era un hombre dedicado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas así como miembro del COPINH, trabajando en una intensa lucha digna y fuerte en contra las violaciones y abusos de su comunidad lenca.
CONSIDERANDO: que la solidaridad de nuestros pueblos ha sido expresión de fuerza y voluntad para la vida de nuestro pueblo y más en este momento de dolor por la partida de JOSE ASUNCIÓN MARTÍNEZ, es por ello que mostramos nuestros respetos, admiración y gran cariño a su familia que solidariamente les acompañamos.
CONSIDERANDO: que el CIPRODEH, como organización cercana al SR. JOSÉ ASUNCIÓN MARTÍNEZ y militante en sus luchas, siente el profundo dolor de esta irreparable pérdida para el mundo de los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país.
POR TANTO CIPRODEH ACUERDA:
Patentizar nuestra solidaridad con la familia de JOSÉ ASUNCIÓN MARTÍNEZ.
Declarar tres días de duelo por la sensible pérdida del compañero y amigo JOSÉ ASUNCIÓN MARTÍNEZ.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio de 2018.
Sobreseimiento definitivo. Fue la resolución tomada este viernes en los Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, para los oficiales de policía, Juan Manuel Aguilar, Félix Adrían Colindres y Marlon Vásquez Palma, acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, contra cuatro defensores y ocho estudiantes universitarios.
La acusación fue promovida por los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz, Hedme Castro y Tomy Morales (también periodista), quienes fueron agredidos físicamente al lanzarles gas pimienta, en el marco de un acompañamiento que daban a un desalojo violento ocurrido el 08 de septiembre de 2017 en la Universidad nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Algunos de los defensores de derechos humanos afectados, estaban presentes en los juzgados esperando sentencia condenatoria en al menos dos delitos de los cinco que se les imputaba a los altos mandos policiales, para dejar un precedente de que los uniformados no volvieran a cometer atropellos contra quienes defienden derechos humanos en el país.
Con más de una hora de retraso, y posicionando en el papel de victimarios a las víctimas, la jueza Gabriela Gallo, dictó el sobreseimiento definitivo por todos los delitos encausados al no observar criterios que argumentaran cada uno de ellos, manifestando que los cuatro defensores impidieron la labor policial, de acuerdo a una comitiva de observadores de las distintas organizaciones de derechos humanos que presenciaron la lectura de la resolución.
Ariel Díaz, miembro del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), y uno de los defensores agredidos expresó que, cuando ocurrió el inhumano trato el pasado 8 de septiembre, sintió que no estaba en un Estado que garantiza los derechos humanos “un Estado que es ausente y toma partido frente a la violencia y la desigualdad”.
Carlos del Cid, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Sufrió quemaduras de un 80 por ciento de la cornea del ojo izquierdo y un 30 por ciento del ojo derecho, por ello le dieron 14 días de incapacidad de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y un tratamiento de dos meses para recuperarse de las quemaduras. A pesar de todos los tratamientos perdió el dos por ciento de la vista del ojo izquierdo.
“Libres de delitos, quedan tres policías de alto rango la resolución es un estado de vulnerabilidad total a los derechos humanos y las víctimas, vamos a seguir siendo hostigados por parte de los policías, porque ellos tiene poder sobre la tropa, basta con que ellos ordenen seguimiento, vigilancia e investigaciones perimetrales, registros de las llamadas telefónicas y van tratar de intimidarnos”, lamentó Del Cid.
Además, deunció que ha sufrido hostigamiento como la llegada de policías y militares en su trabajo a filmar descaradamente las instalaciones por fuera de la oficina.
“Han llegado carros con vidrios polarizados y sin placa, hombres con pistolas y en los alrededores de mi casa hacen preguntas de quiénes viven ahí y qué tipo de personas son, además llamadas telefónicas insistentes, todas esas son señales de intimidación de parte de la policía y del alto repertorio que tienen para hacernos a las victimas desistir”, afirmó el defensor.
La jueza Gabriela Gallo acusó a los defensores de provocar el comportamiento violento de los policías, por lo que, ellos tuvieron que actuar en base a Ley.
Carlos del Cid concluyó diciendo que el sistema judicial está podrido con jueces como la señora Gallo, lo que realmente le espera al país es vendetta pública de ser señalado como un país miserable, donde el Poder Judicial tiene miedo de acusar a los que poseen las armas. Está es una prueba que no se ejerce la justicia en los derechos humanos y que por el contrario se viola desde las instancias públicas como el Poder Judicial.
Para el abogado Omar Menjivar, el descartar el delito de tortura es también hacerlo con el resto de los delitos “donde uno de los imputados, sin justificación decide deliberada e arbitrariamente sin justificación aplicar una dosis personalizada de gas pimienta a las personas agredidas”.
En las últimas horas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se pronunció en contra de la resolución y además señaló su preocupación por la estigmatización y el hostigamiento a los y las defensoras.
“En el marco de esta observación y acompañamiento, cabe señalar, que se produjeron demoras en el proceso con la reprogramación de varias audiencias”, puntualizó la OACNUDH.
Ginebra-París, 31 de mayo de 2018 – La justicia hondureña debe mostrar que nadie y, particularmente, los oficiales de la policía, están por encima de la ley. Por eso, un día antes de que se dicte sentencia el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) reclama una sentencia condenatoria en contra de los tres policías que se encuentran imputados por abuso de autoridad, torturas y detención ilegal en contra de 12 personas defensoras de derechos humanos.la ley.
Por eso, un día antes de que se dicte sentencia el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) reclama una sentencia condenatoria en contra de los tres policías que se encuentran imputados por abuso de autoridad, torturas y detención ilegal en contra de 12 personas defensoras de derechos humanos.El 8 de septiembre de 2017, 12 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a actos de tortura y malos tratos en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. El grupo de 12 personas estaba compuesto por las Sras. Hedme Castro, Coordinadora General de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y Tommy Morales, miembro de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), los Sres. Carlos del Cid Morales, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Ariel Díaz , miembro de La Juventud por los Derechos Humanos y José Francisco Bustillo, así como siete personas defensoras que forman parte del movimiento de estudiantes universitarios[1]. Estos hechos se presentaron en un contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde 2014.El Observatorio recuerda que el uso de la fuerza sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando se hace a corta distancia, en las partes superiores del cuerpo o en espacios cerrados.Por todo lo anterior, y ante la claridad de las pruebas existentes, el Observatorio espera que la resolución del juicio que será leída mañana 1 de junio será una ejemplar sentencia condenatoria de los tres oficiales de policía imputados. Esta sentencia marcaría el camino para avanzar en la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública en Honduras.
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