De la tasa de seguridad ciudadana a la tasa de seguridad humana

 

Domingo, 7 de mayo de 2017

Por: Joaquín A. Mejía Rivera

La respuesta de los últimos gobiernos frente a la violencia y la criminalidad ha sido implementar un profundo proceso de militarización con altos costos financieros. Sin tomar en cuenta el presupuesto ordinario, entre 2012 y enero de 2016 se recaudaron más de 9 mil millones de lempiras a través de la tasa de seguridad.

Esa cantidad refleja que mensualmente se recaudan 150 millones de lempiras, de los cuales el 87% es destinado a policías y militares. Este enfoque principalmente represivo ignora que la violencia y la criminalidad están asociadas con múltiples factores de desigualdad social, económica, ambiental, cultural y política.

Para reducirlas seriamente se requiere de un abordaje integral que privilegie la garantía de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo, y que replantee la forma en que se distribuyen los recursos disponibles con el fin de asignar los suficientes para asegurar condiciones socio-económicas básicas de la dignidad humana.

Una medida importante puede ser convertir la tasa de seguridad ciudadana en una tasa de seguridad humana que implique una intervención integral en barrios y comunidades cuyos pobladores y pobladoras perciben ingresos menores a los necesarios para vivir dignamente.

En este sentido, si con la tasa de seguridad se recaudan 150 millones de lempiras mensuales, se podría constituir una renta básica colectiva a través de la cual el Estado destine esos recursos para implementar políticas sociales comunitarias en los barrios más empobrecidos del país.

El impacto que podría tener una inversión social de 150 millones de lempiras bajo esta lógica atacaría frontalmente la pobreza y la desigualdad, reduciría sostenidamente las distintas violencias, fomentaría la construcción de una ciudadanía activa y promovería comunidades solidarias con altos niveles de cohesión social.
Los 150 millones de lempiras mensuales que se recaudan con la tasa de seguridad demuestran que el problema en Honduras no es una cuestión de disponibilidad de recursos, sino de la asignación de los recursos disponibles, lo cuales, pocos o muchos, son destinados a policías y militares, y no a escuelas, teatros, hospitales y libros.

 

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