Al ACNUDH le preocupa la militarización del Estado y sociedad

A finales de marzo de este año, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Este es su primer informe desde la firma del acuerdo entre dicha Oficina y el Estado de Honduras en mayo de 2015.

Como parte de su mandato, el ACNUDH supervisa el respeto y promoción de los derechos humanos en el país y elabora un informe que es presentado al Consejo de Derechos Humanos, al Estado de Honduras y a la sociedad con el fin de aportar elementos que permitan mejorar la situación.

Uno de los aspectos en los que se centra el informe es el tema de la criminalidad. El ACNUDH reconoce una reducción en los índices de homicidios, sin embargo, la violencia y la inseguridad persisten y siguen condicionando la forma de vida de la mayoría de la población.

Para el ACNUDH esta situación se ve agravada por la debilidad de las instituciones, la deficiente coordinación entre los organismos de seguridad, la corrupción y los altos niveles de desigualdad y de exclusión social.

A su vez, la violencia afecta particularmente a quienes “desafían las normas sociales o el statu quo, como los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”. El asesinato de Berta Cáceres se inscribe en este contexto.

Por otro lado, al ACNUDH le preocupa el profundo proceso de militarización con su impacto significativo en el presupuesto nacional que en materia de seguridad y defensa ha experimentado un aumento gradual que alcanzó alrededor del 13,6% del presupuesto propuesto para 2017, y ha consumido el 87% de los recursos de la tasa de seguridad.

También preocupa que la estrategia de seguridad del actual gobierno se ha centrado en las Fuerzas Armadas y que a pesar que el Estado ha indicado en foros internacionales como el Comité contra la Tortura que habría un repliegue progresivo de los militares, hasta el momento se observa un incremento de la presencia militar.

El ACNUDH se suma a otras voces nacionales e internacionales como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido “que el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo y estar bajo un control civil estricto”.

Frente a ello, el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue sordo ante tales cuestionamientos y continúa empecinado en atacar únicamente con la fuerza de las armas y a cualquier costo, una situación cuyas causas se enraízan en lo más profundo de la desigualdad y la exclusión social.

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