Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, bajo el auspicio de los Estados Unidos, solicitaron al Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, la elaboración de un plan dirigido a atacar las causas que provocan la migración, como son el desempleo, la violencia y el bajo nivel de crecimiento económico.

Dicha petición estuvo influenciada fuertemente por la crisis de los niños centroamericanos no acompañados en la frontera de Estados Unidos con México en 2014. El plan es conocido como Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAP), comenzando su vigencia en 2016.

Los objetivos principales de Plan son: dinamizar el sector productivo de los países a fin de generar fuentes de trabajo; desarrollar el capital humano; mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones. El PAP tiene a Estados Unidos como principal socio cooperante. Es de hacer notar que, en el proceso de elaboración, presentación y ejecución  del PAP hasta ahora, pocos sectores de la sociedad, con la excepción del sector empresarial, han tenido voz en las decisiones. La ausencia de otros sectores de la sociedad civil es notoria.

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