El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) brinda desde el pasado miércoles apoyo humanitario y legal a los 20 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que fueron agredidos físicamente y apresados de manera arbitraria por los cuerpos de seguridad del Estado.

Las acciones de acompañamiento comenzaron desde las 11:00 de la noche del miércoles cuando los y las universitarias lanzaron un SOS a los organismos defensores de Derechos Humanos, tras las intimidaciones de los guardias de la empresa ESPA que presta los servicios de seguridad en la Alma Mater.

Desde ese momento el Centro proporcionó apoyo de defensoría humanitaria y posteriormente se sumó un equipo de abogados que veló para que se garantizará el debido proceso.

Los y las abogadas de CIPRODEH permanecieron de principio a fin en el proceso judicial que se abrió en contra de los y las universitarias y que culminó este viernes con la celebración de una audiencia preliminar.

A la acciones de CIPRODEH se sumaron posteriormente otras organizaciones de derechos humanos, como ACI Participa, C-Libre y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).

Los y las jóvenes que fueron detenidos, gaseados y golpeados la madrugada del jueves por la policía, fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de daños a las instalaciones de la UNAH y privación de libertad en contra de los guardias de la compañía de seguridad.

Esta mañana los y las estudiantes fueron llevados a los tribunales de justicia donde fueron sometidos a la audiencia preliminar y se les otorgó medidas sustitutivas diferentes a la prisión.

Entre las medidas está: firmar el libro de registro en los juzgados todos los viernes, no salir del país,  no acercarse al edificio administrativo de la UNAH y no acercarse a las autoridades universitarias.

La rectora Julieta Castellanos autorizó al Ministerio Público para que investigue y criminalice a los estudiantes que solamente ejercían su derecho a protestar.

CIPRODEH condena la actuación de las autoridades universitarias y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, ya que de esta manera se está conculcando el derecho a la protesta que tiene cada ciudadana y ciudadano y que está garantizado en los acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado de Honduras es signatario.