El Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), nace como una respuesta inmediata a la crisis migratoria de 2014 en los países que integran el Triángulo Norte de Centro América, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Esta crisis migratoria represento, la salida de niños y niñas no acompañados que viajaban en busca de un reencuentro con sus familiares en Estados Unidos además de un escape a la violencia, delincuencia y falta de oportunidades de estudio.

Por lo anterior el entonces Presidente de Estados Unidos Barack Obama, a través del Congreso de su país con el voto a favor de Republicanos y Demócratas, firma con los Presidentes de Honduras Juan Orlando Hernández, Guatemala Otto Pérez Molina y Salvador Sánchez Ceren por el Salvador el acuerdo que da vida al Plan Alianza para la Prosperidad.

Este acuerdo representa para el Triángulo Norte de Centro América, cuatro grandes lineamientos que incluyen acciones prioritarias que deben crear condiciones, de desarrollo que permitirán el arraigo de la población en estos países, estas acciones comprenden;

1.- Dinamizar el Sector Productivo para crear oportunidades económicas
2.- Desarrollar el capital humano
3.- Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia
4.- Fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población, en el Estado.

La ejecución del PAP representa un cuantioso desembolso en fondos de cooperación del Gobierno de Estados Unidos de América, para Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también precisa de los siguientes elementos; uno es la focalización territorial y la cooperación regional, para identificar necesidades y trabajar en base a ellas, seguido de un esquema de ejecución transparente y efectiva de los fondos asignados, de conformidad a las líneas estratégicas, priorizadas y finalmente un esquema de seguimiento y evaluación sobre metas medible y verificable, donde la participación de la sociedad civil esté asegurada en todos los procesos del momento.

Es importante para Honduras el cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el marco del PAP con el fin de garantizar, la sostenibilidad e implementación del mismo;

1. Establecer una entidad autónoma y públicamente fiscalizable para brindar supervisión al PAP
2. Combatir la corrupción incluyendo la investigación y procesamiento judicial de funcionarios de gobierno, de quien supuestamente se tenga información creíble sobre participación en actos de corrupción.
3. Implementar reformas políticas y programas, para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo incrementar la capacidad e independencia del poder Judicial y la Procuraduría General.
4. Establecer e implementar políticas de modo que las comunidades locales, organizaciones de sociedad civil incluyendo grupos indígenas y otros que han sido marginados, y gobiernos locales sean consultados sobre el diseño, y participen en la implementación y evaluación de actividades del PAP que afecten a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos.
5. Combatir las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas, y el crimen organizado
6. Investigar y procesar el sistema de justicia civil a miembros de las fuerzas militares y policiales, de quienes se crea que se han violado los derechos humanos y garantizar, que las fuerzas militares y policiales estén cooperando en tales casos.
7. Cooperar con las comisiones contra la impunidad, según sea pertinente y con las entidades regionales de derechos humanos
8. Apoyar programas para reducir la pobreza, crean empleos, promover el crecimiento económico equitativo en áreas, de donde proviene un gran número de migrantes
9. Establecer e implementar un plan para crear la fuerza policial, civil profesional y fiscalizable y limitar el papel de las fuerzas armadas en funciones de patrullaje interno
10. Proteger el derecho de los partidos políticos, de oposición periodistas y sindicalistas, defensores de derechos humanos, y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias
11. Incrementar los ingresos del gobierno, incluyendo la implementación de reformas tributarias, y el fortalecimiento de agencias de aduanas,
12. Resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles, entre los Estados Unidos y el Gobierno de Honduras.

La aprobación del PAP incluye el desembolso de 750 millones de dólares repartidos en los tres países del Triángulo Norte, de los cuales 125 millones ya fueron entregados al actual gobierno, CIPRODEH como organización de derechos humanos ha jugado un roll activo en demandar información y proponer la inclusión de las organizaciones de sociedad civil que fueron excluidas , en el diseño e implementación de la estrategia de país.