Comunicados

  Sobre la derogación del artículo 153 del nuevo Código Penal promovida por el Órgano Legislativo del Estado de Honduras, en el cual se determina la “responsabilidad de los jefes y otros superiores” militares, por la comisión de los delitos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, por fuerzas bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad. El CIPRODEH se pronuncia en los siguientes términos:

La derogación del artículo 153 se enmarca bajo una clara inobservancia del derecho a la justicia y a la verdad y que el Estado deviene obligado a prevenir, investigar las graves violaciones a los derechos humanos e identificar a los responsables materiales e intelectuales de la comisión de estos crímenes, así como aquellos que tienen el control de las fuerzas de seguridad, el conocimiento de la comisión de uno de estos delitos y que no hayan tomado las medidas para prevenir estos actos o no hayan castigado a los responsables.

El Estado de Honduras debe recordar que por su naturaleza estos crímenes son imprescriptibles y deben enmarcarse en los estándares internacionales a partir del Estatuto de Roma, por lo cual no deben quedar sin castigo y, en consecuencia, se deben adoptar las medidas legislativas que conlleven una efectiva acción judicial.

En ese sentido debe tener en cuenta que a la luz de su suscripción al Estatuto de Roma está sometido a la competencia de la Corte Penal Internacional en relación a la comisión de crímenes graves contra la humanidad y que la creación de una norma interna no está sobre la aplicabilidad directa de los tratados internacionales en el marco del Bloque de Constitucionalidad.

Es así como, en el marco del control de convencionalidad, y los parámetros del Estatuto de Roma, por ser normas supranacionales se adhieren al “Bloque de Constitucionalidad” y por tanto adquieren jerarquía constitucional. Así mismo bajo el principio de la responsabilidad del superior jerárquico, el superior adquiere responsabilidad penal en relación al control efectivo que debe ejercer en “términos reales de sus *agentes* a fin de evitar la comisión” de estos crímenes.

Esta conducta Estatal, atenta directamente contra los derechos de las víctimas, de la sociedad en general y es un retroceso para la humanidad, pues no garantiza los medios y procedimientos que aseguren un enjuiciamiento amplio y efectivo de los violadores de derechos humanos.  

Finalmente, el CIPRODEH insta al Estado de Honduras a desistir de acciones que constituyen una conducta permisiva, tolerante y omisa con aquellos que, abusando de su poder, transgreden la dignidad humana, cometiendo crímenes de esta naturaleza que debilitan Estado de derecho y que únicamente fortalecen la impunidad.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero del año 2020.

Reunidos y reunidas en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la ciudad de Santa Rosa de Copán, los días viernes 08 y sábado 09 de noviembre; convocados y convocadas al Encuentro de pueblos y comunidades: Hacia un Estado intercultural en Honduras, con la presencia de  pueblos indígenas Maya Chortí, Misquito, Lenca, Garífuna, Tolupan, Tahuaca, Pech, Isleños, y organizaciones sociales en luchas territoriales por la defensa de la vida: Coalición ambientalista de Copan, Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASONOG, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Instituto Ecuménico de Servicio a la Comunidad, INEHSCO, Mesa Nacional de Incidencia ´para la Gestión del Riesgo, Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz, MILPAH, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, Frente Triunfeño en Defensa de la Vida, El Triunfo, Choluteca, Asociación Intermunicipal de Desarrollo  y Vigilancia Social de Honduras, AIDEVISH, Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODEH, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ; Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Pueblos Indígenas, FONGPI, Departamento y carrera de Sociología de Ciudad Universitaria y Valle de Sula; carrera de Desarrollo Local del CUROC y la Mesa 11 de Diálogos Alternativos, declaramos lo siguiente:

Tegucigalpa, Honduras.- 20 de octubre de 2019

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), considerando que el pasado viernes 18 de octubre del presente año, se dio a conocer el veredicto deliberado por el Jurado en Estados Unidos, en el caso del ex Diputado del Congreso Nacional de la República de Honduras, Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien fue encontrado culpable por “conspirar para importar droga” a los Estados Unidos de América, “posesión de armas y dispositivos destructivos”, “conspiración para posesión de armas” y “falso testimonio”, se pronuncia en los siguientes términos:

Pronunciamiento conjunto

 

Taipéi, 23 de octubre de 2019.- Las organizaciones miembro de la FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos, reunidas en el 40º Congreso Internacional de esta red compuesta por 178 organizaciones de 122 países a nivel mundial, manifestamos nuestro rechazo a las situaciones de violencia, abuso policial y violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en contextos de protesta social en las Américas, especialmente en Chile, Ecuador y Haití.

En estos países, la población, cansada de la corrupción, los abusos y la aplicación de políticas económicas neoliberales, que solo han causado más inequidad y pobreza, han levantado su voz y ejercido su legítimo derecho a la protesta para exigir cambios profundos. Frente a ello, la respuesta estatal ha sido violenta y represiva, acompañada de declaratorias de estado de emergencia, graves restricciones al derecho de desplazamiento y entrega del control a las fuerzas militares, como ha ocurrido en Chile. Tanto en Ecuador, como en Haití y Chile, esta respuesta estatal violenta se ha traducido en violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad, incluyendo muertes de niñas y niños. 

En Ecuador, la represión ha cobrado la vida de 8 personas, hay 1.340 heridos y 1.192 personas detenidas y procesadas por terrorismo, ataque y resistencia. El movimiento indígena de Ecuador, actuando en un marco de no violencia, ha quedado atrapado entre dos actores violentos: las fuerzas comandadas por el presidente Lenín Moreno y otro grupo de fuerza que responde a consignas del ex presidente Rafael Correa.

Haití vive momentos terribles, desde septiembre han sido asesinadas 35 personas por expresar su descontento ante la política económica, 195 resultaron heridas y las oficinas de nuestro organismo miembro, el Réseau National de Droits Humains (RNDDH) fueron asaltadas en clara represión a su labor pro derechos humanos.

En Chile, de acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el inicio de las movilizaciones el 18 de octubre, se han registrado un total de 1.333 personas detenidas y 88 heridos por armas de fuego, incluidos niñas y niños. En tanto que el número de muertos alcanza ya 17 personas, según se informa por parte del personal de centros médicos.

En Colombia las movilizaciones estudiantiles vienen siendo reprimidas con extrema violencia por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. En Brasil, se criminaliza a la lucha de los defensores de derechos humanos ante las arremetidas antilaborales del gobierno de Bolsonaro, creando con ello una situación insostenible. 

En Nicaragua, después del asesinato de 328 personas, continúa la represión selectiva de campesinos e indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas que están siendo criminalizados, mientras que paramilitares actúan en total impunidad, asesinan, torturan y violan en complicidad con la policía.

 En Honduras, la crisis de violación a derechos humanos, corrupción y falta de independencia del poder judicial se viene agravando y el pueblo hondureño demanda la salida del presidente Juan Orlando Hernández por su vinculación con actos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico.

Desde la FIDH, nos solidarizamos con la población afectada, demandamos de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones de respetar el derecho a la protesta, velar por el bienestar de sus ciudadanos, y realizar cambios profundos a un modelo que solo trae consigo pobreza, violencia e injusticia.

Expresamos nuestra solidaridad con los paises hermanos afectados, y exigimos el cese inmediato de las acciones represivas contra la población. Nos negamos a aceptar el regreso de las dictaduras de hecho en nuestro continente y llamamos a los Estados a escuchar la voz de la ciudadanía y dar respuesta a sus legítimas demandas.

 

 

 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) tomó conocimiento el pasado mes de junio de 2019 del caso de la muerte violenta de la oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheril Hernandez, quien según fuentes de alto crédito resultó ser un homicidio. 

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