Comunicados

Ciudad de Tegucigalpa (lunes 11 de septiembre).- Los y las Directores de las siguientes organizaciones: la Juventud por los Derechos Humanos, la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, Asociación Kukulcán, Colectivo Violeta, Movimiento de mujeres Visitación Padilla, Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Red de Nacional de Defensoras, el Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Red Cozumel Trans, y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Red de instituciones por los derechos de niñez y juventud(COIPRODEM), El Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), Comité de Derechos Humanos (CODEH) manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:

Ciudad de México - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la decisión del Tribunal Constitucional de Chile de rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad presentados, permitiendo así la aprobación del proyecto de ley que permitirá a las mujeres acceder a servicios de aborto legales y seguros en tres circunstancias: cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual, cuando la vida de la mujer corra peligro, o cuando el feto sufra de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. La CIDH reconoce esta decisión como un paso fundamental para el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Chile.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaude la decisión del Tribunal Federal de Mendoza, Argentina, del 27 de julio de 2017, mediante la cual se condenó a 25 ex jueces federales a penas de 15 años a prisión perpetua por su colaboración con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar (1976-1983). Esta decisión representa un histórico paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos.