Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente las manifestaciones de odio racial y xenofobia y el uso de la violencia en una Manifestación Nacionalista Blanca que ocurrió en Charlottesville, Virginia, el sábado 12 de agosto. La CIDH insta el Estado a adoptar medidas de alcance amplio para investigar estos eventos, prevenir su repetición y fortalecer las medidas de protección contra la discriminación, el odio, y la violencia.

El sábado 12 de agosto, cientos de personas se reunieron en Charlottesville, Virginia, para protestar contra el plan de la ciudad de remover un monumento de la era de la Confederación del antiguo palacio de justicia de la ciudad. Según la información disponible, los grupos nacionalistas blancos, incluso supremacistas blancos, neonazis, miembros del Ku Klux Klan y otros, propagaron la supremacía blanca, la intolerancia y el odio hacia diferentes personas pertenecientes a minorías. Los opositores también estaban presentes en la ciudad y se produjeron violentos enfrentamientos entre los grupos. En este contexto, un hombre supuestamente identificado con grupos de nacionalistas blancos condujo su auto contra los manifestantes, matando a una mujer de 32 años de edad e hiriendo a 19 personas.

La CIDH llama al Estado a continuar investigando de forma exhaustiva estos actos alarmantes de racismo y violencia. La Comisión también insta a los funcionarios públicos de los Estados Unidos a condenar inequívocamente la intolerancia y el odio racial, y a reconocer el papel que desempeña esa discriminación en la contribución a la violencia contra personas afroamericanas, inmigrantes, personas indígenas y comunidades minoritarias de todo el país. Los funcionarios electos y otros funcionarios públicos, en particular, tienen el deber de garantizar que sus declaraciones respeten los estándares, principios fundamentales y normas de derechos humanos, incluso los principios de igualdad y no discriminación.

"A lo largo de la historia, el odio racial, la discriminación, la violencia y la intolerancia han sido empleados como instrumentos para acosar, perseguir, procesar a ciertas personas de manera injusta y justificar la privación de los derechos humanos. El Estado debe adoptar medidas para garantizar que los símbolos y acciones que representan creencias, conductas y el lenguaje denigrante usados en distintos momentos de su historia, como las Leyes de Jim Craw y los linchamientos, no se usen para fomentar la violencia contra ningún ser humano. Las medidas de reparación deben incluir formas de satisfacción y garantías de no repetición. El Estado de Virginia y otros en los Estados Unidos han adoptado ciertas medidas dignas de mención a este respecto y esto muestra la posibilidad de nuevos avances", declaró la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de País para los Estados Unidos y de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y de los Derechos de las Mujeres.

Los Comisionados de la CIDH están particularmente alarmados por la pérdida de varias vidas y por aquellos gravemente heridos en estos eventos. La Comisión expresa su solidaridad a los supervivientes y a las familias afectadas. El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas razonables para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de las protestas.

La Comisión subraya el hecho de que los Estados Unidos están obligados a organizar todo su gobierno - tanto federal como estatal - para abordar los incidentes de odio dirigidos a los afrodescendientes; musulmanes; lesbianas, gays, bisexuales y personas trans (LGBT); inmigrantes; la población indígena; en realidad, todos los grupos minoritarios. El Estado tiene el deber de poner en marcha medidas legislativas, políticas e institucionales bien articuladas para proteger y garantizar los derechos a la no discriminación y a la igualdad. La debida diligencia requiere acciones rápidas para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de racismo, discriminación, violencia y discursos motivados por el odio.

El odio racial, la xenofobia y el discurso de odio que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos fundamentales, incluso aquellos relacionados con la vida y la integridad personal, y debilitan las democracias. La CIDH insta al Estado a ratificar los instrumentos regionales claves para el avance de la igualdad y de la no discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.