Mesa de DDHH | Comunicado 03/20

La Mesa de Derechos Humanos, ante la comunidad nacional e internacional, expresa las siguientes preocupaciones:

1. Después de dos meses de confinamiento, el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha presentado ante el pueblo hondureño, una estrategia integral con un enfoque basado en derechos humanos, para enfrentar la pandemia y las consecuencias de ésta en la sociedad hondureña, especialmente en los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad, por el contrario, ha internalizado el miedo y la culpa en la ciudadanía en general.

2. Todas las medidas hasta hoy tomadas por el gobierno son antidemocráticas, empañadas por denuncias de corrupción, abuso de poder, falta de transparencia, de rendición de cuentas y de una legítima y verdadera participación ciudadana.

3. La falta de legitimidad del gobierno de Juan Orlando Hernández se debe a las graves denuncias de fraude electoral en los comicios del 2013, 2017, la ilegal y cuestionada reelección presidencial, sus vínculos con actos de corrupción y nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos, según acusaciones de la Fiscalía de New York.

4. Vemos con preocupación, como el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha debilitado la institucionalidad publica, aprovechándose de ésta en el marco de la emergencia por el COVID-19, para anular el disenso de los diversos sectores políticos de oposición, obstruir el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y evadir la veeduría social que realizan los diferentes sectores de la sociedad, socavando el Estado de Derecho y deteriorando aún más la institucionalidad democrática en detrimento de los derechos humanos.

5. Todo lo anterior obedece a un claro secuestro de los tres poderes del estado, usurpado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde existe una clara relación de subordinación del poder legislativo y judicial bajo el poder ejecutivo.

6. La Mesa de Derechos Humanos, consideramos que esta crisis económica, política y social, no puede ser superada con un gobierno que carece de legitimidad, legalidad y que abusa deliberadamente de los derechos humanos en Honduras.

La Mesa de Derechos Humanos demanda a las y los Diputados en el Congreso Nacional para que asuman con ética y responsabilidad la función encomendada por el pueblo hondureño:

1. Interpelar al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, para que rinda cuentas sobre el uso de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria nacional, sus vínculos con actos de corrupción y los nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos según la Corte del Distrito Sur
de Nueva York.

2. Someter a Juicio Político al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, quien
ostenta ilegítima e ilegalmente el cargo de presidente de la República, por las graves denuncias en el desempeño de su cargo; por actuar contra lo dispuesto en la Constitución de la República; por actuar contra los intereses nacionales y por actuar con negligencia para responder con responsabilidad a las necesidades del país, en el marco de la pandemia por COVID-19.

3. Someter a Juicio Político al ciudadano Oscar Fernando Chichilla, quien ha actuado con negligencia y complicidad, para representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad según las funciones de su cargo, e incapaz de garantizar la independencia del Ministerio Público como parte del sistema operador de justicia.

A las organizaciones internacionales de cooperación como las diferentes agencias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, al cuerpo diplomático, La Mesa de Derechos Humanos les solicita que revisen su contribución al régimen de Juan Orlando Hernández y eviten apoyar las acciones de su gobierno, por ser contrarias a los principios democráticos, violentan los derechos humanos y no contribuyen al bienestar social, político y económico de la sociedad hondureña.

Al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centro Americano de desarrollo (BCIE) y demás bancos de segundo piso, les pedimos que suspendan el apoyo a este régimen ilegítimo, ilegal y violador de derechos humanos. La continuidad de su apoyo puede contribuir a que esta grave crisis se prolongue y que la democracia se deteriore aún más.

A las organizaciones y plataformas sociales, a la sociedad civil organizada, al sector empresarial, la academia, a los gremios profesionales y a la sociedad hondureña en general, la Mesa de Derechos Humanos, hace un llamado a que juntos demandemos la creación de un gobierno de transición integrado por todos los sectores de la sociedad, que nos permita enfrentar esta crisis de derechos humanos y el retorno a la institucionalidad democrática.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 15 días del mes de mayo 2020

Organizaciones parte de la Mesa de Derechos Humanos: 1. Acción Ecuménica por los Derechos Humanos; 2. Asociación Para una Vida Mejor (APUVIMEH); 3. Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH; 4. Asociación para una Ciudadanía Participativa; (Aci Participa) 5. Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); 6. Asociación Kukulkán; 7. Casa Alianza de Honduras (CAH). 8. Centro de Desarrollo Humano Honduras (CDH). 9. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). 10. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT). 11. Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños. Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN). 12. Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) 13. Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) 14. Iglesia Cristiana “Agape”. 15. Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán 16. Madre Tierra 17. Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+H)

La Mesa de Derechos Humanos, después de elaborar el Informe “Estado Crítico de la Nación en Tiempos de COVID-19”, expresa su preocupación por la ineficacia y falta de legitimidad en las medidas tomadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández para enfrentar la crisis humanitaria debido a los efectos de la pandemia por COVID-19 y el nivel de afectación que ésta ha tenido en el goce real de los derechos humanos, particularmente, para los grupos con altos niveles de exposición y vulnerabilidad.

Tegucigalpa. – Empleados del sistema sanitario han acudido a organizaciones de derechos humanos a denunciar que están siendo víctimas de abusos de poder por parte de las autoridades del gobierno.

Además de los abusos, los empleados han denunciado que el gobierno no les está dotando de los insumos y equipo de bioseguridad para evitar los contagios por coronavirus (Covid-19) en sus centros de trabajo.

El Centro de Investigación y Promoción de los Derecho Humanos (Ciprodeh) informó este martes que a partir del 31 de marzo puso a disposición de la ciudadanía hondureña un mecanismo virtual de atención de denuncias de violaciones a derechos humanos y que hasta el 4 de abril había recibido 22 denuncias.

El organismo de derechos humanos detalló mediante un comunicado que 67% de las denuncias hacen referencia a la falta de material bioseguridad y Equipo de Protección Personal (EPP) para los empleados del sector sanitario (médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza), así como público en general.

Asimismo, que recibió información respecto de la imposición de “acuerdos de confidencialidad al personal sanitario por parte de las autoridades administrativas, bajo la advertencia de someter a procesos legales a aquellas personas que difundan información calificada como reservada, confidencial o secreta, o hacer uso de la prensa, radio o televisión para publicar artículos o información relacionada al servicio, así como la prohibición de hacer comentarios de la información, con personal ajeno a la institución”.

A juicio de Ciprodeh un alto porcentaje de las denuncias refieren violaciones al derecho a la integridad física y moral, derecho a la seguridad, derecho a la libertad de expresión, y la violación a los derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la alimentación y el derecho a la educación.

ABUSOS DE PODER

Por otra parte, la organización de sociedad civil considera alarmante que el 55% de las denuncias aleguen abusos de poder y faltas a los deberes de los funcionarios, “quienes imponen medidas irregulares y sin control”, particularmente al personal sanitario y de servicios en el área de salud.

El Ciprodeh informó además el registro de denuncias relativas a violaciones a los derechos de las y los trabajadores; sobre este punto se registran despidos ilegales e injustificados, señala.

De igual forma, dice tener documentado que la distribución de ayuda humanitaria, anunciada por el gobierno, se esté efectuando de manera selectiva, basada en criterios político-partidarios, “situación que coloca en un estado de necesidad a la población, para salir de sus casas a buscar alimentos aptos para el consumo o a manifestarse para exigir al gobierno la entrega de dicha ayuda humanitaria, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido reactiva, haciendo un uso innecesario, desproporcionado e ilegal de la fuerza y armas no letales como el gas lacrimógeno”, señala el comunicado.

Por otra parte, el Ciprodeh hace alusión a la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Iris Argentina Álvarez Chávez, quien habría perdido la vida como producto de un desalojo violento en la comunidad de Los Chachos, Marcovia, Departamento de Choluteca, el pasado 2 de abril de 2020.

El Ciprodh lamenta que los agente encargados de hacer cumplir la ley utilizan como pretexto el estado de excepción para disminuir y restringir los derechos humanos y violentar algunos derechos fundamentales.

Nota tomada de Criterio.hn