Tegucigalpa. – Empleados del sistema sanitario han acudido a organizaciones de derechos humanos a denunciar que están siendo víctimas de abusos de poder por parte de las autoridades del gobierno.

Además de los abusos, los empleados han denunciado que el gobierno no les está dotando de los insumos y equipo de bioseguridad para evitar los contagios por coronavirus (Covid-19) en sus centros de trabajo.

El Centro de Investigación y Promoción de los Derecho Humanos (Ciprodeh) informó este martes que a partir del 31 de marzo puso a disposición de la ciudadanía hondureña un mecanismo virtual de atención de denuncias de violaciones a derechos humanos y que hasta el 4 de abril había recibido 22 denuncias.

El organismo de derechos humanos detalló mediante un comunicado que 67% de las denuncias hacen referencia a la falta de material bioseguridad y Equipo de Protección Personal (EPP) para los empleados del sector sanitario (médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza), así como público en general.

Asimismo, que recibió información respecto de la imposición de “acuerdos de confidencialidad al personal sanitario por parte de las autoridades administrativas, bajo la advertencia de someter a procesos legales a aquellas personas que difundan información calificada como reservada, confidencial o secreta, o hacer uso de la prensa, radio o televisión para publicar artículos o información relacionada al servicio, así como la prohibición de hacer comentarios de la información, con personal ajeno a la institución”.

A juicio de Ciprodeh un alto porcentaje de las denuncias refieren violaciones al derecho a la integridad física y moral, derecho a la seguridad, derecho a la libertad de expresión, y la violación a los derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la alimentación y el derecho a la educación.

ABUSOS DE PODER

Por otra parte, la organización de sociedad civil considera alarmante que el 55% de las denuncias aleguen abusos de poder y faltas a los deberes de los funcionarios, “quienes imponen medidas irregulares y sin control”, particularmente al personal sanitario y de servicios en el área de salud.

El Ciprodeh informó además el registro de denuncias relativas a violaciones a los derechos de las y los trabajadores; sobre este punto se registran despidos ilegales e injustificados, señala.

De igual forma, dice tener documentado que la distribución de ayuda humanitaria, anunciada por el gobierno, se esté efectuando de manera selectiva, basada en criterios político-partidarios, “situación que coloca en un estado de necesidad a la población, para salir de sus casas a buscar alimentos aptos para el consumo o a manifestarse para exigir al gobierno la entrega de dicha ayuda humanitaria, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido reactiva, haciendo un uso innecesario, desproporcionado e ilegal de la fuerza y armas no letales como el gas lacrimógeno”, señala el comunicado.

Por otra parte, el Ciprodeh hace alusión a la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Iris Argentina Álvarez Chávez, quien habría perdido la vida como producto de un desalojo violento en la comunidad de Los Chachos, Marcovia, Departamento de Choluteca, el pasado 2 de abril de 2020.

El Ciprodh lamenta que los agente encargados de hacer cumplir la ley utilizan como pretexto el estado de excepción para disminuir y restringir los derechos humanos y violentar algunos derechos fundamentales.

Nota tomada de Criterio.hn