FIDH — Federación Internacional por los Derechos Humanos

París, 20 de marzo de 2020 — El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus Covid-19 como pandemia. La FIDH hace un llamamiento a la responsabilidad de los Jefes de Estado para garantizar la seguridad sanitaria de la población. 

Frente a la fragilidad del sistema sanitario de algunos de los países latinoamericanos, la FIDH considera esencial que los gobiernos tomen las medidas necesarias y efectivas que puedan preservar el derecho a la salud y el bienestar integral de su población, prestando mayor atención a las poblaciones más vulnerables. La FIDH recuerda que las medidas que restringen las libertades individuales pueden adoptarse temporalmente para combatir la pandemia sólo si están justificadas y se ejercen en la medida estrictamente necesaria. No deben poner en peligro a las poblaciones vulnerables y no deben continuar después de la crisis.

América Latina está al inicio de la epidemia, sin embargo la FIDH se encuentra particularmente preocupada por las primeras medidas adoptadas por algunos países de la zona.

Lamentamos profundamente que el gobierno de Nicaragua esté desacatando las recomendaciones de la OMS sobre la distanciación social y aliente las concentraciones públicas. Por ejemplo, el sábado 14 de marzo, el gobierno nicaragüense convocó a una marcha “Amor en los tiempos del Covid-19. Caminamos como pueblo con fe, vida y esperanza” y actualmente a pesar de haber reconocido la existencia de un caso, sigue convocando manifestaciones incluyendo el día 23 de marzo a un “Desfile de celebración del 40 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización”. (https://twitter.com/solgmunoz/status/1239918662456352770)

En Brasil preocupa que el gobierno de Jair Bolsonaro minimice y no haya tomado las medidas concretas necesarias para combatir el virus. A esto se suman las rebeliones en las cárceles en el Estado de Sao Paulo, motivadas por la restricción de las salidas temporales a causa del Covid-19. El país tiene la tercera población carcelaria del mundo con más de 758.000 personas privadas de la libertad. Instamos al gobierno brasileño a tomar medidas que puedan preservar la salud de las y los brasileños.

En Honduras, pese al Decreto Ejecutivo PCM 021 de 2020 que permite el desplazamiento para comprar alimentos y la apertura de tiendas de artículos de primera necesidad, se han cerrado un gran número de supermercados, así como bancos, gasolineras y el acceso al transporte público. En estas condiciones: ¿dónde encontrar comida? Según la información recogida por la FIDH, el barrio popular El Carrizal en Tegucigalpa en donde todos los comercios estuvieron cerrados, estuvo particularmente afectado por dichas medidas. Esta situación conduce a una precariedad inaceptable para la población más desfavorecida, que no dispone de medios para acceder a los alimentos. El mismo decreto exige a la policía que detenga a cualquiera que circule fuera de las excepciones establecidas.

Todavía en Honduras, la FIDH también expresa su preocupación por la llamada "Ley de aceleración económica contra el Coronavirus" votada el 13 de marzo por el Congreso Nacional. Que da la posibilidad de gastar sin licitación hasta 420 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. Esto se enmarca en un contexto de graves escándalos de corrupción que involucran miembros del poder ejecutivo y legislativo: se necesitan mecanismos de monitoreo y de seguimiento para conocer la forma en la que se invierten dichos recursos.

En Venezuela, el trabajador de salud Julio Molinos fue detenido el 18 de marzo en Maturín por hacer un vídeo en donde solicitaba el cumplimiento de la ley de Prevención y condiciones de Medio ambiente de Trabajo (llamada ley LOPCYMAT).  La FIDH exige su liberación inmediata y recuerda que las y los médicos, enfermeros y demás miembros de los centros de salud deben contar con las condiciones e instrumentos necesarios para su trabajo y no ser amedrentados.

En América Latina, gran parte de la población trabaja en el sector informal y el hecho de quedarse en sus casas implica una supresión inmediata de sus ingresos. Los gobiernos donde se están imponiendo las medidas de confinamiento deben atender rápidamente a estas poblaciones y no dejarlas desamparadas.

Finalmente, invocamos a la comunidad internacional a apoyar a los países latinoamericanos con frágiles sistemas de salud pública y seguridad social y velar para que los derechos humanos se encuentren en el centro de los planes de emergencia y no se utilicen para reprimir a las poblaciones latinoamericanas

 FIDH