Tegucigalpa, Honduras.- 18 de marzo de 2020

El 11 de marzo de 2020,  la Organización Mundial de la Salud (en adelante “la OMS”), declaró una “emergencia de salud pública de importancia internacional” tras el avance de infección por coronavirus.

En este marco, el CIPRODEH ha venido monitoreando las medidas implementadas por el gobierno de Honduras y ha mantenido la recepción de denuncias vía electrónica para documentar violaciones a derechos humanos, detectar posibles actos de corrupción y denunciar los abusos de las autoridades.

En este sentido, el CIPRODEH toma nota, que el 12 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras  registró un brote de coronavirus en el territorio nacional, confirmando 9 casos hasta la  fecha. Es por esto que el CIPRODEH reconoce la necesidad de que el Gobierno adopte una serie de medidas de prevención, contención y mitigación para retrasar la llegada del virus a los departamentos que aún no reportan casos sospechosos, reducir la expansión del virus y reducir el impacto de la pandemia. Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno destacan: el decreto Estado de Emergencia Sanitaria (PCM No. 005-2020), decreto de estado de excepción con suspensión de Garantías Constitucionales (PCM-021-2020), en cuatro departamentos del país, así como la prohibición de desarrollar ciertas actividades; además, el Congreso Nacional aprobó una Ley Especial mediante la cual se destinarán $ 420 millones (el equivalente 10,353 millones de lempiras) para la construcción de 95 centros hospitalarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal del área de la salud.

En este contexto, el CIPRODEH saluda que la respuesta del Estado ha pasado de la preparación a la acción; no obstante, el CIPRODEH ha recibido denuncias que levanta las alarmas de las y los defensores de derechos humanos, particularmente aquella información relativa al incumplimiento de los deberes del Estado.

Al respecto, el CIPRODEH recibió información de que algunas personas que refirieron tener contacto con un caso confirmado de COVID-19, solicitaron oportunamente atención médica, pero -según la información recibida- las autoridades no adoptaron las medidas sanitarias correspondientes. Sobre este punto, el CIPRODEH recuerda al Estado de Honduras que tiene el deber de asegurar que todos los servicios, bienes e instalaciones sanitarias deben estar disponibles, deben ser accesibles, aceptables y de buena calidad.

Por otro lado, el CIPRODEH ve con preocupación las denuncias del personal médico y de la salud sobre la falta de suministro de insumos y equipo de bioseguridad para que puedan desempeñar su trabajo con calidad y calidez y los obstáculos que las autoridades policiales y militares han puesto para que puedan movilizarse a sus centros de trabajo y a sus viviendas. El CIPRODEH aprovecha la oportunidad para resaltar el deber del Estado de garantizar la vida e integridad de sus empleados, lo que implica las preventivas para eliminar o minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 y que estas medidas deben formar parte del programa de salud ocupacional. Además las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, deben observar con rigurosidad las excepciones de Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020 y permitir al personal de salud que se desplace a su lugar de trabajo y su retorno a su lugar de residencia habitual.

Asimismo, el CIPRODEH tiene conocimiento de las medidas implementadas en la Colonia Lincoln, en Comayagüela, cuyas salidas han sido bloqueadas por autoridades de la policía Nacional y Agentes Militares; al respecto, el CIPRODEH es del criterio que esta es una medida de aislamiento, por lo que el Estado deviene obligado a garantizar que los habitantes de la Colonia Lincoln tengan acceso a agua potable y gocen de condiciones sanitarias adecuadas, tomen medidas para asegurar que accedan a alimentos aptos para el consumo y gocen de condiciones de vivienda adecuadas y disfruten de un medio ambiente salubre. Además, las autoridades deben educar e informar a los habitantes de dicha colonia, sobre la emergencia sanitaria y sobre las medidas adoptadas. Todas estas medidas deben ser administradas con un enfoque de género y sin discriminación alguna. Además, el Estado debe asegurar que los servicios, bienes e instalaciones sanitarias estén disponibles, sean accesibles, aceptables y apropiadas para atender -eventualmente- casos probables de COVI-19. De la misma forma, las autoridades deben dotar del equipo de bioseguridad necesario para para eliminar o minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 a los agentes encargados de hacer cumplir la ley que se encuentran custodiando la zona.

Por otro lado, el CIPRODEH toma nota de denuncias de abusos a los derechos humanos de los trabajadores, quienes -según la información recabada-, están siendo obligados por algunas empresas a presentarse a sus centros de trabajo sin tomar las medidas sanitarias correspondientes y las autoridades del Estado no controlan eficazmente el cumplimiento de las disposiciones enmarcadas en la emergencia sanitaria. En este sentido, el CIPRODEH resalta la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el deber de abstenerse de restringir estos derechos, así como la responsabilidad de actuar con debida diligencia para asegurar a sus empleados sus derechos humanos, lo que incluye la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir, contener y/o mitigar la propagación del COVID-19 recomendadas por el gobierno. Siguiendo esta línea, el CIPRODEH recuerda al Estado que la obligación internacional de proteger los derechos humanos implica entre otras acciones, el deber de controlar que la actividad empresarial no tenga un impacto negativo en los derechos humanos. Es así, como el CIPRODEH observa con alarma, la falta de una efectiva tutela de los derechos humanos de las y los empleados de las empresas privadas.

Finalmente, el CIPRODEH no manifiesta oposición a la adopción de medidas extremas como la declaratoria de “estados de excepción” para prevenir, contener y mitigar la propagación del COVID-19; sin embargo, el CIPRODEH resalta que los estándares internacionales de derechos humanos pre establecen que los estados de excepción deben seguir los criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, legalidad y necesidad y deben limitar su duración a la exigencia de la situación de emergencia.

asimismo, es necesario recordar, que estas medidas no pueden suspender el Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; el Derecho a la Vida; el Derecho a la Integridad Personal; la Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; el Principio de Legalidad y de Retroactividad; la Libertad de Conciencia y de Religión; la Protección a la Familia; el Derecho al Nombre; los Derechos del Niño; el Derecho a la Nacionalidad, y los Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

 A este respecto, es alarmante la incompatibilidad del PCM-0210-2020, que restringe la libre emisión del pensamiento con los estándares interamericanos de derechos humanos. Asimismo, el CIPRODEH observa con preocupación, que en el pasado, la declaratoria de estados de emergencia son aprovechados por los gobiernos para:

  1. Abusar de la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos, incluyendo las compras y contrataciones del Estado;
  2. Favorecer económicamente a grupos empresariales en específico;
  3. Corromper el proceso de compras y contrataciones;
  4. Anular el disenso de los diversos sectores políticos de oposición;
  5. Diluir, demorar o anular socialmente las denuncias y causas de corrupción y/o abuso a los derechos humanos;
  6. Abusar de los derechos humanos.

No obstante de lo anterior y ante la “emergencia sanitaria de importancia internacional”, el CIPRODEH considera necesario la adopción de medidas duras, sin embargo, estas medidas deben revisarse permanentemente para determinar la proporcionalidad, la necesidad y la excepcionalidad.

Asimismo, el CIPRODEH llama al Estado de Honduras a adoptar un enfoque de derechos humanos en la planificación y adopción de las medidas en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y llama a la ciudadanía a acatar reflexivamente las medidas destinadas a prevenir, contener y/o mitigar el impacto del COVID-19 en el país y la región.

Finalmente, el CIPRODEH reafirma su compromiso de continuar contribuyendo a la sociedad hondureña, para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, así como defender los derechos humanos en el país y denunciar la corrupción y los corruptos, la injusticia y los injustos en el país.