Organizaciones presentan informe sobre el acceso a la justicia en caso de Berta Cáceres.
 
Tegucigalpa.- La Misión de Observación Calificada presento hoy en conferencia de prensa realizada en las oficinas del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el informe "Una deuda histórica de la justicia".
 
"El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca," comentó Reynaldo Villalba, abogado defensor de los derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y miembro de la Misión.
 
El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando destacan órdenes del poder judicial, entre otras.
Para los representantes de la Misión otra de los aspectos que es de suma preocupación es las decenas de líderes y lideresas indígenas y afro – descendientes que han sido asesinados desde el asesinato de Berta Cáceres.
 
Para la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras(COPINH), Berta Zúñiga Cáceres, las observaciones y conclusiones de la Misión, son de suma importancia debido a que retoma varias de las críticas que se han hecho en el proceso de enjuiciamiento a los primeros ocho autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, de igual forma el señalamiento más importante que se hace es que existe una deuda histórica con la justicia, debido que todavía no existen autores intelectuales señalados.
 
De la misma forma la Misión plantea que respecto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia de asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.