San Salvador, El Salvador. 3 de diciembre de 2019. El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, presenta la cuarta décima edición del Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019, con el apoyo de la Federación Luterana Mundial.

La publicación en su análisis se centra en tres ejes: el sistema democrático, la seguridad ciudadana y la pobreza y desarrollo humano:

  • Advierte a los Estados de la región sobre la responsabilidad de superar los grandes desafíos para la consolidación de la democracia, el goce pleno de los derechos humanos para una vida digna.
  • Señala el favoritismo estatal a los grupos de poder económico, político o facticos, quienes han absorbido el control de los poderes públicos, excluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones, provocando la ruptura entre los gobernantes y la población, lo cual aumenta la desigualdad.
  • Recoge los hechos relacionados a actos de corrupción, violencia e impunidad que imperan en la región con el beneplácito y la participación de las clases políticas y económicas. Reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción en Centroamérica en 2018, que menciona a Nicaragua como el país más corrupto de la región, colocándolo en el puesto 152 de los 180 países evaluados; seguido de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica.
  • Menciona que en la región miles de personas han muerto como resultado de las acciones violentas, particularmente en los países: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estas muertes son consecuencia de la presencia del crimen organizado que incluye pandillas, bandas de extorsionistas, narcotraficantes, secuestradores y fuerzas de choque paraestatales.
  • Un retroceso en la clasificación mundial de libertad de prensa, debido a serias agresiones y amenazas en contra de periodistas y medios independientes. Lo que muestra la limitación a la libertad de expresión y el acceso a la información, que es bloqueada por políticas nefastas y persecución estatal. La existencia de oligopolios mediáticos que determinan las agendas públicas, imposibilitando el desempeño de medios independientes y comunitarios a lo que se suma la autocensura.
  • La criminalización es uno de los métodos represivos más utilizados por los gobiernos, para obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, al imputarles delitos en contra del Estado y aprobar leyes que permiten un amplio margen de interpretación, impactando negativamente en lo individual y colectivo.
  • La región tiene una tasa promedio de 23,7 homicidios por cada cien mil habitantes, lo cual la convierte en una de las más violentas en el mundo, ubicada en la posición 92 respecto a la lista de los 163 países, en el Índice de Paz Global (IPG) de 2019. Por su parte, los gobiernos de la región han creado una serie de medidas de “seguridad” centradas en salvaguardar las instituciones públicas, los intereses de los gobernantes de turno, así como del poder económico y no en preservar la seguridad y los derechos humanos de la población.
  • Se continúan cometiendo hechos de violencia en contra de las mujeres. De acuerdo a datos oficiales y registros realizados por las organizaciones de mujeres en cada uno de los países, en Centroamérica en el año 2018, se cometieron 1,590 femicidios y de enero a agosto de 2019, se reportan 628 feminicidios.
  • Persiste y se agudiza la pobreza y desarrollo humano. Los Estados no han generado las condiciones necesarias para gozar de una vida digna, por el contrario, se han implementado políticas públicas asistencialistas que sólo agravan la brecha de desigualdad.
  • La industrialización además de vulnerar el medioambiente y el derecho de los pueblos originarios, violenta los derechos laborales; los sistemas de la administración de justicia no han sido efectivos cuando se trata de tutelar los derechos de las y los trabajadores.

Ante este escenario de graves violaciones a los derechos humanos, las organizaciones miembros del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, demandamos a los Estados de la región y sus gobiernos a respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho, a cumplir con su responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos.