El presente, dispone de información sobre la situación de derechos humanos en lo que va del año 2019, e intenta establecer relaciones y patrones de violaciones a derechos humanos en el marco de las reacciones del gobierno de Juan Orlando Hernández a las denuncias de vínculos de su gobierno con el narcotráfico y las acciones ciudadanas de protesta, por lo anterior, a la comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente:

El pasado martes 29 de octubre de 2019, la Mesa de Derechos Humanos (MDH), alertó a la comunidad nacional e internacional la potencialidad de perpetración de atentados contra miembros de la oposición social y política y miembros de estructuras criminales que pueden involucrar a redes de funcionarios públicos con la narcoactividad.

En este marco, La Mesa ha recibido información que resalta una ola de violencia contra líderes políticos, sociales, estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales y personas defensoras del ambiente y de la tierra.

Al respecto, La Mesa tiene conocimiento del asesinato de al menos seis (6) estudiantes, en el marco de las manifestaciones pacíficas convocadas por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, quienes han sido identificados como:

  1. Wilfredo de Jesús Moncada (17), Estudiante en el Instituto tecnológico en Administración de Empresas del Sur (INTAE-SUR), asesinado el 11 de abril, 2019, en la ciudad de Choluteca.
  2. Darlin Dionisio Funes Vásquez (21), estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, asesinado el 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
  3. Lesbin Daniel Ávila Caballero (18), estudiante del Instituto Luis Bogran, asesinado el de 29 de abril de 2019, en la ciudad de Tegucigalpa.
  4. Eblin Noel Corea Maradiaga (17), estudiante del Instituto Técnico de La Paz, asesinado el 20 de junio de 2019, en la ciudad de Yarumela, La Paz.
  5. Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), estudiante del Instituto Luis Bográn, desaparecido el 29 de octubre y encontrado muerto el viernes 1 de noviembre, con signos de tortura, en la ciudad de Tegucigalpa. (Fue secuestrado el martes 29 de octubre por hombres desconocidos, fuertemente armados, quienes ingresaron violentamente a su centro educativo.)
  6. Leonardo Daniel Castillo (25), estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asesinado el 1 de noviembre de 2019, en circunstancias desconocidas.

Al mismo tiempo, La Mesa de Derechos Humanos, ha documentado al menos cinco (5) personas asesinadas después del Juicio contra del ex Diputado del Congreso Nacional de la República de Honduras, Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien fue encontrado culpable por cuatro delitos por la Corte del Distrito Sur de New York. -  las primeras cuatro personas asesinadas están vinculadas a la lucha social y la oposición política:

  1. Óscar Daniel Mencía Cantarero (18), supra mencionado.
  2. Leonardo Daniel Castillo (25), supra mencionado.
  3. Buenaventura Calderón Ramírez (73), líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE), asesinado de varios disparos, en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
  4. Maribel Bolian (38), maestra de primaria y esposa del líder político e indígena del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE), Buenaventura Calderón Ramírez.
  5.  Magdaleno Meza Funez (35), brutalmente asesinado en el penitenciario de máxima seguridad, ubicado en el occidente de Honduras, el pasado sábado 26 de octubre. (era un potencial testigo en futuros procesos penales por narcotráfico en Estados Unidos).

Por otro lado, la Mesa conoce de los asesinatos sistemáticos contra miembros de la comunidad Garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, quienes han sufrido el asesinato de las siguientes personas:

  1.     Rosa de Aguan, Asesinada el viernes 6 de Septiembre
  2.     Gilma Cacho, Asesinada el viernes 6 de Septiembre
  3.     Fiora Amaya, Asesinada el viernes 6 de Septiembre
  4.     Nayda Reyez Giménez, secuestrada por supuestos agentes del Estado, identificados como miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y encontrada muerta el 07 de septiembre de 2019 en la comunidad de Baja Mar
  5.     Mirna Suazo, asesinada el 08 de septiembre en la comunidad de Masca 
  6.     María Digna Moreno, fue asesinada el 12 de octubre 2019, maestra y parte del grupo de trabajo de educación Intercultural Bilingüe de la OFRANEH.

En este contexto, La Mesa también observó con preocupación el atentado contra la integridad y la vida del profesor y líder magisterial Jaime Rodríguez, el pasado 30 de octubre, quien fue secuestrado, torturado y dado por muerto por los perpetradores del crimen, quienes lanzaron su cuerpo en una zona desolada en Tegucigalpa.

 Desde ese ángulo de preocupación, La Mesa tomó nota de las denuncias del Ex Presidente de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa, quien denunció una planificación desde una agencia del Estado para asesinarlo, con órdenes de autoridades de alto nivel en el gobierno. Asimismo es preocupante la denuncia sobre el grave riesgo que corre el periodista David Romero, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado de Honduras se niega a cumplir.

 De la misma forma, levanta sospecha la muerte violenta del señor Alfredo José Cantarero Callejas, quien se desempeñaba como Comisionado Presidencial de Transparencia con rango de Secretario de Estado y encargado de la oficina de seguimiento del despacho presidencial junto al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y fue encontrado muerto el día jueves 31 de octubre. Las autoridades han declarado el caso como un suicidio, lo cual les “obliga” a cerrar las investigaciones; sin embargo, la Mesa, a partir del caso de la Oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheril Hernández Mancía, no descarta la posibilidad que haya mediado mano criminal en su muerte.

 Respecto de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, a la Mesa le preocupa en particular el uso generalizado e indebido del derecho penal contra personas defensoras, como el encarcelamiento de al menos ocho personas de la comunidad de Guapinol y otros presos políticos.

 Por otra parte, la Mesa también tiene conocimiento de atentados y actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra la Asociación por una ciudadanía Participativa (Aci Participa); la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH- Sida en Honduras (APUVIME); la Dra. Julissa Villanueva, ex directora de Medicina Forense y denunciante de la muerte violenta de la Agente de la ATIC, Sheril Hernández; el periodista Milton Benítez, director del programa “El Perro Amarillo” y denunciante de corrupción; y el Dr. Luther Cleofes Castillo Harry, miembro de la comunidad garífuna y defensor de derechos humanos, quien está siendo víctima de seguimiento, amenazas y vigilancia.

 En consecuencia de lo anterior, La Mesa llama al Estado de Honduras a adoptar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y asegurar que puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y libre de violencia y hacemos un llamado comunidad internacional a realizar una labor exhaustiva de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras y de solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos.

 En esta línea, La Mesa dispone de información sobre el asesinato de al menos cuatro (4) periodistas en el país, por lo cual resaltamos que, a la fecha, se contabilizan al menos ochenta y uno (81) periodistas, comunicadores sociales, propietarios y empleados de medios de comunicación que han sido asesinados desde 2001, y como la mayor parte de estos casos, el 90% permanece en la impunidad.

El contexto actual, demuestra una situación de hostilidad democrática, expone las debilidades de la institucionalidad y la continuidad de la crisis de derechos humanos pos-golpe de Estado de Honduras.

Finalmente, La Mesa advierte de la intensificación de la violencia política contra campesinos, indígenas, garífunas, líderes sociales, políticos y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en el interior del país, pues en contraste con los datos mencionados, el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha anunciado el otorgamiento de cuatro mil millones de lempiras destinados a las Fuerzas Armadas para labores agrícolas, lo cual supone la concentración y desplazamiento de fuerzas militares al interior del país y devela la falta de voluntad política del gobierno para invertir en la erradicación de las verdaderas causas estructurales de los problemas en Honduras.

Incitamos a la ciudadanía a ejercer sus derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, así como el derecho de acceder y divulgar información y evidencias de violaciones a derechos humanos.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 06 de noviembre de 2019