Tegucigalpa, Honduras. - 29 de abril de 2019.

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), condena enérgicamente la práctica policial ejercida este día en el marco de las manifestaciones contra el “Proyecto de Ley de Reestructuración y Transformación presupuestaria del Sistema Nacional de Salud y Educación”.

Este día, el CIPRODEH recibió información sobre personas gravemente heridas y afectadas como producto del uso indebido de armas de fuego, uso excesivo de la fuerza mediante gas lacrimógeno, balas de goma, tanquetas y otros instrumentos desproporcionados al supuesto objetivo policial. También hemos constatado detenciones arbitrarias inclusive de personas menores de edad.

Este organismo también ha constatado la participación de personas particulares, con aparente entrenamiento militar en el uso de armas de fuego, quienes dispararon en diversas ocasiones contra las personas manifestantes, causándoles heridas. Los hechos se ejecutaron con la permisividad, complicidad y en ocasiones la aparente dirección de Agentes del Estado hondureño. En este sentido, el CIPRODEH insta al Estado de Honduras a investigar los hechos y esclarecerlos públicamente; además, el Estado debe identificar a quienes hicieron uso de estas armas, procesarlas y castigarlas.

Pese a la comparecencia del CIPRODEH ante la autoridad policial para identificar al Agente Policial a cargo de los diferentes retenes, nunca se logró identificar la dirección de estos operativos, por lo que llamamos a la secretaría de Seguridad a garantizar que la identificación de los Agentes Policiales sea suficientemente visible, de modo que quienes infringen los derechos humanos puedan ser identificados, denunciados y perseguidos penalmente, de otro modo le recordamos que la responsabilidad penal recae  sobre  la  autoridad  jerárquica  superior en  función  de  su  responsabilidad  de mando.

 

Finalmente, el CIPRODEH llama al Estado a asegurar que sus agentes se abstengan de restringir de forma arbitraria los Derechos Humanos, garantizar la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica y particularmente garantizar que ningún decreto de Ley que ha detonado las manifestaciones sea incompatible con los estándares internacionales sobre derechos humanos y el derecho a la educación y a la salud y que sea sometido a los más altos estándares democráticos y éticos.