La Mesa de Derechos Humanos ha elaborado un análisis integral que concluye que Honduras enfrenta un Estado Crítico de la Nación sobre Derechos Humanos. Hoy, además de este comunicado les entregamos el informe completo que estará dispuesto en las páginas y redes sociales de nuestras organizaciones. A continuación, resaltamos lo siguiente:

Primero que la libertad, la democracia y la participación se estrellan contra una política de seguridad y de violencia estatal contra derechos humanos de la población campesina, de pobladores, niñez, juventud, LGTBI, indígenas y mujeres.

Podemos afirmar que cuando una democracia es incapaz de asegurar a la ciudadanía condiciones mínimas de vida estamos ante una democracia fallida, pero Honduras ya no solo es una democracia fallida, sino, bajo el control del Crimen Organizado en sus más diversas modalidades, que favorecido por la corrupción goza de impunidad absoluta, de allí que enfrentamos un Narco Estado.

Los cuerpos de seguridad están utilizando estrategias de criminalización de defensoras, defensores y de la ciudadanía, para ellos utilizan como discurso el tema de maras, pandillas y crimen organizado. Mientras tanto, protegen a las estructuras criminales del más alto nivel.

La violencia estatal se manifiesta en las políticas y prácticas que desatienden a la niñez y la juventud,  privilegia la compra de armas y la violencia, un ejemplo de ellos es el programa Guardianes de la Patria. En el año 2018 Honduras hizo una inversión de unos mil trescientos lempiras por cada estudiante ($54 dólares), los países de América Latina invirtieron alrededor de 600 dólares por cada estudiante. En Honduras según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) hay más de un millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años que están fuera del sistema educativo nacional, al menos 400,000 trabajan. Además, 76,000 jóvenes ni estudian, ni trabajan. El 61.3% de los desempleados son jóvenes menores de 25 años. En el año 2018 se suicidaron mas 350 jóvenes, casi un joven por día decidió quitarse la vida, mientras tanto el Estado continúa sin tomar acciones que respondan a esta situación extrema que enluta a la familia hondureña.

La segunda tasa más alta de América Latina sobre embarazo adolescente está en Honduras. En el 2018 hubo 120,000 adolescentes hondureñas embarazadas cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA).  La tasa promedio de embarazo adolescente es de 44 por cada mil a nivel mundial, Honduras se ubica en el segundo puesto más alto, con 103 embarazos adolescentes.

La violencia estatal en contra de las mujeres es uno de los instrumentos de odio que más vidas arranca y que mas tragedia provoca en la sociedad. Seis de cada diez denuncias del país son por violencia doméstica contra mujeres. Ello, acompañado de prejuicios religiosos que encuentran receptividad en una sociedad patriarcal, conservadora y fundamentalista; al grado tal que, el año pasado, en las reformas al nuevo Código Penal se bajó las penas de los delitos sexuales, convirtiendo además la violencia intrafamiliar en “maltrato ocasional-habitual”, además, disminuyó las penas del femicidio y aumentó las penas por aborto.

Para el 2017, los datos indicaban 389 muertes violentas y femicidios.  El Observatorio de la Violencia y Femicidios UNAH-IUDPAS, confirmó que en el 2018 se dieron 380 femicidios. En enero de 2019, se registraron 30 y al 12 de febrero tenemos ocho.  Según la CEPAL, los países del Triángulo Norte de Centro América son los más peligrosos para las mujeres, Honduras tiene los primeros lugares en los departamentos de Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Colón y Ocotepeque.

Otra población afectada fuertemente por la violencia estatal es la comunidad LGTBI. Según las organizaciones que integran el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, entre los años 2017 y 2018, solo en dos años, se registraron 58 asesinatos de miembros de nuestra población, registrándose de 2009 a la fecha más de 320 asesinatos de personas de la comunidad LGTBI. Del total de víctimas, 11 eran defensores de derechos humanos. Más del 95% del total de estos casos se encuentran en total impunidad. Por otro lado, los LGTBI están frente a un gobierno con poca voluntad política de crear leyes y políticas públicas que aborden integralmente la situación en que se encuentran como colectivo en el país. Por el contrario Honduras cuenta con un marco legal discriminatorio y poco amigable a sus derechos.

El sistema de justicia y seguridad privilegia la dimensión represiva, la dimensión preventiva la tienen de segunda categoría, cuando debe ser la primera. Pero, las dimensiones de rehabilitación y reinserción son marginales. Con gobiernos que condenan a la gente a la marginalidad, la gente está destinada a ser criminalizada, aunque no ejecute ningún acto criminal, puesto que, defender su propio derecho será considerado un delito. En esa condena social, se les olvida que la mayoría de son personas privadas de libertad un día tendrán que reintegrarse a la sociedad. 

La crueldad en las cárceles se manifiesta en el hacinamiento de 20,653 personas privadas de libertad en los 28 establecimientos, en condiciones infrahumanas. Además, siete de cada diez no tienen sentencia.

Es un país donde la propagación del sufrimiento es cotidiana, la práctica de la tortura es frecuente, la censura, la represión y la violencia están establecidas como respuesta a la libertad de expresión; como, lo están, el hostigamiento y represión contra los diferentes sectores religiosos que se identifican con las luchas sociales. El hambre y la miseria son impulsadas por el negocio armamentístico, del crimen organizado y del narcotráfico. El control de los cuerpos es utilizado como medio hegemónico para el dominio de la sociedad. 

En lo concerniente al derecho a la tierra, el territorio y el derecho ambiental es importante recordar que partir de la década de los ochenta, comienza en Honduras la expansión de concesiones de territorio y recursos naturales. Sin embargo, es a partir del 2009 que el Estado de Honduras inicia un proceso de reforma en el marco normativo nacional como parte de la política de desarrollo económico, a través del otorgamiento de licencias ambientales a empresas nacionales e internacionales para proyectos turísticos, extractivos y energéticos. Las reformas a la normativa permitieron al Estado concesionar, territorios de pueblos originarios y campesinos, a empresarios inversionistas nacionales e internacionales.

No hay que olvidar que la reelección, evidentemente inconstitucional, garantiza a los grandes empresarios, corporaciones y transnacionales, la continuidad de las políticas de privatizaciones de la infraestructura vial (Puertos, Aeropuertos, carreteras), servicios públicos (Escuelas, universidades, hospitales, agua potable, electricidad) y  concesiones de territorios para generación de energía (hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica), monocultivos de exportación (Palma aceitera, caña de azúcar, melones, sandías, okra, bananos), minería, turismo y mega proyectos (hidroeléctricas Patuca II y III, dragado del Puerto Henecán, entre otros).

Estos factores mencionados privilegian una economía basada en el despojo, en la riqueza para unos cuantos a costa de la miseria de las poblaciones, en una constante negación de los medios de vida para la realización del derecho humano a la alimentación. Por ello la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente en Honduras se ha convertido en una de las tareas más peligrosas en el mundo que se paga con muerte.

En el campo de movilidad humana se dio en octubre del 2018 uno de los éxodos más impresionantes de la historia hondureña, este fue el inicio de otras caravanas que se darían, producto de la desesperación y la desesperanza que campea en el país, y obligados por la violencia y la pobreza. El 12 de octubre del año 2018, como muestra de la profunda crisis que vive Honduras, partió la primer caravana de migrantes, originada principalmente por el miedo y el hambre. Miles de personas abandonaron sus comunidades y caminaron junto al viacrucis migrante, que derramaba sangre, sudor y lágrimas por donde pasaba. El gobierno atacó a los migrantes con campañas de desprestigio y no acompañó, ni acompaña efectivamente, a esta población que sigue en una situación de crisis humanitaria.

La dictadura empuja al periodismo independiente al desplazamiento interno y exilio. La situación de la libertad de expresión en Honduras y el escenario peligroso para el ejercicio del periodismo , siendo los periodistas y comunicadores sociales uno de los sectores encargados de informar a la sociedad de lo que está pasando en el ámbito de los derechos humanos, el solo hecho de hacerlo los coloca en la mira de quienes desde el Estado cometen abusos contra los derechos fundamentales, y en especial del régimen de Juan Orlando Hernández, que es intolerante a cualquier crítico o a informaciones que no ocultan la cara sucia de Casa de Gobierno.

A pesar de existir una Ley de Protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, ésta no los protege, y no es de extrañar este panorama ya que  son los mismos perpetradores quienes tienen a su cargo la implementación de las medidas de protección.

Solo en la última semana dos periodistas y su familia salieron del país, y otros están desplazados forzadamente,  por informar de las atrocidades de la dictadura instalada en el país desde enero de 2018. Los casos del Periodista David Romero condenado a 10 años de cárcel y el caso del periodista Jairo López, criminalizado, perseguido y amenazado por el régimen es un claro ejemplo que la dictadura no se anda con cuentos y pretende arrasar con las voces que no puede callar.

A pesar de todo lo anterior, el año 2018 fue otro año extraordinario para la lucha de los derechos humanos, pues las hondureñas y los hondureños continúan en sus acciones por la reivindicación de sus derechos, violentados por una estructura de crimen y corrupción. El costo ha sido alto para estas luchadoras y luchadores, pues se ha traducido en muerte, persecución, ataques brutales de la policía y los militares, criminalización y acciones de desprestigio, entre otros. Quienes gobiernan han pretendido sembrar el miedo, el terror, como mecanismos para paralizar a la población manifestante, pero no lo han logrado. Han usado la manipulación, para engañar y ocultar la verdad, a través de los medios de comunicación y los sectores religiosos ultra conservadores, pero, no lo han logrado. Quieren implantar la desesperanza, aplastando los indicios de avances del pueblo, pero no lo han logrado.

Este es un pueblo consciente de sus derechos, que enfrenta los más oscuros intereses que se imponen sobre la nación. Esta época está marcada por sectores sociales que serán la referencia, en el futuro, de quienes forjan la nueva patria. Por ello la Mesa de Derechos Humanos reafirma su apoyo irrestricto a las luchas de los pueblos en su justa causa.

Mesa de Derechos Humanos. Tegucigalpa, 26 de febrero del 2019.