Tegucigalpa - El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos condena la ejecución de los jóvenes Mario Henrique Suárez Gómez, y Gerson Daniel Meza Medina, quienes fueron detenidos en su casa de habitación ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Comayagüela, por personas identificadas como Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y posteriormente fueron encontrados muertos el 30 de agosto del presente año, con características de haber sido torturados y posteriormente ejecutados. El hallazgo criminal tuvo lugar en el sitio denominado “la montañita”, lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad por los que gobernaban el país en los años 80.

El CIPRODEH considera que estos hechos son un retroceso en materia de derechos humanos, en la lucha contra la tortura y la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, pues los crímenes que se cometieron en el pasado muestran los mismos patrones de violencia en la actualidad.

Ante todos estos hechos, las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, en lugar de realizar investigaciones para dar con el paradero de los responsables, procesarles y sancionarles, se han encargado de identificar a las personas que hicieron circular el video, donde se muestran las personas identificadas como Agentes de la ATIC.

En el marco de estos hechos, la sociedad hondureña ha quedado en un estado de completa incertidumbre, lo que ha llevado a la sospecha razonable de la relación de posteriores hallazgos de ejecuciones de otras personas jóvenes como es el caso del estudiante universitario Kevin Orellana, quien fue encontrado muerto el día 02 de septiembre en la ciudad de San Pedro Sula. Asimismo, se han encontrado muertas otras personas jóvenes no identificadas, con signos de tortura, que la opinión pública ha asociado a la continuación de estos hechos de violencia.

Ante este contexto, el CIPRODEH condena la existencia de escuadrones de la muerte, de grupos de exterminio social; el terror que imparten los militares, la policía y agentes de investigación en contra de la población hondureña. Condenamos su actitud de esconderse tras máscaras y el anonimato que les garantiza impunidad absoluta. Demandamos poner a la orden de los tribunales a sus funcionarios responsables de estos hechos sangrientos y de múltiples violaciones de derechos humanos, y que a la vez los jueces actúen en salvaguarda de la población hondureña y no en su contra.