San Salvador, El Salvador. 3 de diciembre de 2019. El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, presenta la cuarta décima edición del Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019, con el apoyo de la Federación Luterana Mundial.

El presente, dispone de información sobre la situación de derechos humanos en lo que va del año 2019, e intenta establecer relaciones y patrones de violaciones a derechos humanos en el marco de las reacciones del gobierno de Juan Orlando Hernández a las denuncias de vínculos de su gobierno con el narcotráfico y las acciones ciudadanas de protesta, por lo anterior, a la comunidad nacional e internacional comunicamos lo siguiente:

Villanueva, junto a un equipo forense, investigó la muerte de Hernández y concluyó que desde el punto de vista médico legal, se trataba de una muerte homicida. Villanueva informó al Fiscal General de la República sobre los hechos y las irregularidades, no obstante, esta nunca tuvo respuesta.

Tegucigalpa. –El cuerpo sin vida de Óscar Daniel Mencía Cantarero (18) fue apilado en un cuarto frío de la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público. El joven líder estudiantil del Instituto Técnico “Luis Bográn” apareció asesinado en las últimas horas luego de haberse reportado como desaparecido desde el pasado martes 29 de octubre.

El cadáver fue encontrado en la colonia Villa Cristina, en Comayagüela, desde el martes, pero fue ingresado a la morgue como no identificado. Su familia se enteró de su muerte hasta la media noche del jueves al ser notificada por Medicina Forense.

El joven estudiante, cursaba el segundo año de bachillerato de Mecánica Automotriz de la jornada vespertina, era muy activo en la organización de las protestas que en los últimos meses han exigido la renuncia del gobernante hondureño, Juan Hernández, por sus nexos con la corrupción y el narcotráfico.

El director del Instituto Técnico “Luis Bográn”, Ángel Arteaga, contó a periodistas que el joven era parte del liderazgo estudiantil y lo calificó como una persona tranquila, no violenta, pero rebelde “como cualquier otro joven de su edad”.

Precisó que en el presente participaba en cada una de las actividades de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación.

Narró además que la víctima fue vista por última vez a eso de las 2:00 de la tarde en la cafetería del centro educativo. No se sabe si alguien entró a sacarlo o si se fue por su propia voluntad, apuntó.

La autoridad educativa denunció que a partir del año 2010 la inseguridad en el colegio aumentó porque no existen guardias pagados por el gobierno y porque no cuentan con un muro perimetral y pese a que ya se han registrado otros crímenes contra estudiantes y otros hechos violentos, las autoridades educativas siguen sin reaccionar.

 

Tomada de Criterio.hn

Reunidos y reunidas en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la ciudad de Santa Rosa de Copán, los días viernes 08 y sábado 09 de noviembre; convocados y convocadas al Encuentro de pueblos y comunidades: Hacia un Estado intercultural en Honduras, con la presencia de  pueblos indígenas Maya Chortí, Misquito, Lenca, Garífuna, Tolupan, Tahuaca, Pech, Isleños, y organizaciones sociales en luchas territoriales por la defensa de la vida: Coalición ambientalista de Copan, Asociación de Organizaciones no Gubernamentales, ASONOG, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Instituto Ecuménico de Servicio a la Comunidad, INEHSCO, Mesa Nacional de Incidencia ´para la Gestión del Riesgo, Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz, MILPAH, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, Frente Triunfeño en Defensa de la Vida, El Triunfo, Choluteca, Asociación Intermunicipal de Desarrollo  y Vigilancia Social de Honduras, AIDEVISH, Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODEH, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ; Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Pueblos Indígenas, FONGPI, Departamento y carrera de Sociología de Ciudad Universitaria y Valle de Sula; carrera de Desarrollo Local del CUROC y la Mesa 11 de Diálogos Alternativos, declaramos lo siguiente:

Pronunciamiento conjunto

 

Taipéi, 23 de octubre de 2019.- Las organizaciones miembro de la FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos, reunidas en el 40º Congreso Internacional de esta red compuesta por 178 organizaciones de 122 países a nivel mundial, manifestamos nuestro rechazo a las situaciones de violencia, abuso policial y violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en contextos de protesta social en las Américas, especialmente en Chile, Ecuador y Haití.

En estos países, la población, cansada de la corrupción, los abusos y la aplicación de políticas económicas neoliberales, que solo han causado más inequidad y pobreza, han levantado su voz y ejercido su legítimo derecho a la protesta para exigir cambios profundos. Frente a ello, la respuesta estatal ha sido violenta y represiva, acompañada de declaratorias de estado de emergencia, graves restricciones al derecho de desplazamiento y entrega del control a las fuerzas militares, como ha ocurrido en Chile. Tanto en Ecuador, como en Haití y Chile, esta respuesta estatal violenta se ha traducido en violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad, incluyendo muertes de niñas y niños. 

En Ecuador, la represión ha cobrado la vida de 8 personas, hay 1.340 heridos y 1.192 personas detenidas y procesadas por terrorismo, ataque y resistencia. El movimiento indígena de Ecuador, actuando en un marco de no violencia, ha quedado atrapado entre dos actores violentos: las fuerzas comandadas por el presidente Lenín Moreno y otro grupo de fuerza que responde a consignas del ex presidente Rafael Correa.

Haití vive momentos terribles, desde septiembre han sido asesinadas 35 personas por expresar su descontento ante la política económica, 195 resultaron heridas y las oficinas de nuestro organismo miembro, el Réseau National de Droits Humains (RNDDH) fueron asaltadas en clara represión a su labor pro derechos humanos.

En Chile, de acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el inicio de las movilizaciones el 18 de octubre, se han registrado un total de 1.333 personas detenidas y 88 heridos por armas de fuego, incluidos niñas y niños. En tanto que el número de muertos alcanza ya 17 personas, según se informa por parte del personal de centros médicos.

En Colombia las movilizaciones estudiantiles vienen siendo reprimidas con extrema violencia por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. En Brasil, se criminaliza a la lucha de los defensores de derechos humanos ante las arremetidas antilaborales del gobierno de Bolsonaro, creando con ello una situación insostenible. 

En Nicaragua, después del asesinato de 328 personas, continúa la represión selectiva de campesinos e indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas que están siendo criminalizados, mientras que paramilitares actúan en total impunidad, asesinan, torturan y violan en complicidad con la policía.

 En Honduras, la crisis de violación a derechos humanos, corrupción y falta de independencia del poder judicial se viene agravando y el pueblo hondureño demanda la salida del presidente Juan Orlando Hernández por su vinculación con actos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico.

Desde la FIDH, nos solidarizamos con la población afectada, demandamos de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones de respetar el derecho a la protesta, velar por el bienestar de sus ciudadanos, y realizar cambios profundos a un modelo que solo trae consigo pobreza, violencia e injusticia.

Expresamos nuestra solidaridad con los paises hermanos afectados, y exigimos el cese inmediato de las acciones represivas contra la población. Nos negamos a aceptar el regreso de las dictaduras de hecho en nuestro continente y llamamos a los Estados a escuchar la voz de la ciudadanía y dar respuesta a sus legítimas demandas.