El CIPRODEH, pone a su disposición la App de Alerta Derechos Humanos, desde la cual puedes realizar:

  1. - Denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos de manera inmediata;
  2. - Realizar una llamada directa de Alerta para autoridades competentes;
  3. - Informarte más sobre los Derechos Humanos en Honduras y el mundo; y,
  4. - Otra información relevante e importante para ti.

 

Disponible para celulares con sistema android, puedes descarga a través del siguiente enlace:

Enlace Google Play

Puedes buscarla desde la Play Store como: DH alerta.

 

CONSULTORÍA: ESTUDIO EXTERNO REFERENTE A LAS PRESUNTAS DENUNCIAS DE ACOSO Y OTRAS CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LAS NORMAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO

El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), informa que en el marco de la Consultoría denominada: Estudio Externo referente a las presuntas denuncias de acoso y otras conductas prohibidas por las normas internas del centro de investigación y promoción de los derechos humanos.

Referente a la presentación de propuestas para la consultoría, el CIPRODEH NOTIFICA a las personas interesadas en enviar sus propuestas técnicas y económicas:

  1. “El CIPRODEH amplía por un término de diecinueve (19) días más el plazo de aplicación a la consultoría, quedando como cierre de recepción de hojas de vida, propuestas técnicas y financieras; el día viernes 7 de agosto 2020”
  2. La persona o personas consultoras debe ser mujer(es).
  3. La persona o personas consultoras pueden ser naturales o jurídicas.
  4. Se recibirán postulaciones nacionales e internacionales.

El correo para presentar sus postulaciones siempre será Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Agradeciendo su atención.

 CIPRODEH

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA

ESTUDIO EXTERNO REFERENTE A LAS PRESUNTAS DENUNCIAS DE ACOSO Y OTRAS CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LAS NORMAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Institución contratante: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (en adelante “el CIPRODEH”)

 

Justificación de la Consultoría.

 

Considerando: Que el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH) es una organización que genera cambios orientados a la construcción de un Estado de derecho, democrático, justo y respetuoso de los derechos humanos y las libertades ciudadanas, de manera consecuente con la participación inclusiva y necesidades de la población de Honduras;

Considerando: Que el CIPRODEH promueve la investigación y gestión del conocimiento; incidencia política, promoción y defensa en derechos humanos; en sinergia con distintos sectores de la sociedad, para la construcción de un Estado democrático de derecho, que garantice el respeto y protección de los derechos humanos en Honduras;

Teniendo en cuenta: Que el CIPRODEH Incide en el desarrollo e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, procurando amplia participación ciudadana, para que el Estado asuma su rol de garante frente a los principales problemas y desafíos que los derechos humanos enfrentan en Honduras;

Teniendo en cuenta: Que el CIPRODEH propicia la difusión, educación y apropiación de los derechos humanos entre la ciudadanía hondureña; generando el empoderamiento, cambios de actitudes y su participación en la reivindicación de los derechos y libertades ciudadanas;

Teniendo en cuenta: Que el CIPRODEH contribuye a la generación de condiciones sociales, políticas e institucionales que favorezcan el acceso a la justicia para materializar de manera efectiva, el respeto, protección y defensa de los derechos humanos en Honduras;

Considerando: Que el CIPRODEH deviene comprometido a elaborar, ejecutar y garantizar la existencia de herramientas de salvaguarda para los beneficiarios y empleados de los proyectos implementados; 

Considerando: Que un mundo globalizado requiere del establecimiento de normas éticas y de conducta institucional estandarizadas para que el desarrollo del trabajo de las organizaciones de sociedad civil sea más eficiente y tenga mayor impacto con reducidas oportunidades para la corrupción y el fomento de malas prácticas;

Considerando: Que el CIPRODEH ha sido implementador de proyectos financiados por el Sistema de Naciones Unidas y que este sistema dispone de herramientas de salvaguarda que el CIPRODEH deviene obligado a observar;

Considerando: Que el análisis de los abusos de poder en el ámbito laboral atraviesa imperativamente la reflexión de las relaciones de poder entre el ente empleador y los empleados y empleadas;

Reconociendo: La necesidad de fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de sociedad civil en materia de rendición de cuentas;

Considerando: que, en el 2019, hubo denuncias de supuestos actos de acoso (no definido) en el seno de su entorno laboral;

 Considerando: que el CIPRODEH se ve en la necesidad de evaluar la situación de las denuncias de acoso en el entorno laboral y debe adoptar medidas inmediatas para asegurar la efectividad de las herramientas de salvaguarda para el personal y personas beneficiarias para prevenir, investigar y sancionar el acoso, el abuso sexual, las faltas a la ética y otras prácticas de discriminación y malos tratos;

Considerando: que es necesario contratar a una persona externa y experta en el estudio de este tipo de casos en las organizaciones;

Reconociendo: que la naturaleza de estos estudios requiere una metodología con un enfoque interseccional, de género y basado en derechos humanos, por lo cual, la consultora debe diseñar y aplicar, los instrumentos de investigación que serán aplicados en los diferentes niveles a lo interno de la organización; siendo relevante la consulta a las y los miembros de la Junta Directiva, Personal Técnico, Administrativo y de Servicios, así al Personal de la Cooperación Solidaria, Personal de ONG relacionadas con el quehacer de CIPRODEH, Grupos de interés que hacen uso de los servicios del Centro y otros actores que se considere relevantes;

Reclarando: El compromiso del CIPRODEH de mejorar las políticas y prácticas internas de rendición de cuentas y de posibilitar la superación de obstáculos que impiden que las OSC tengan avances significativos.

En Consecuencia: el CIPRODEH, ha resuelto publicar el presente llamado al público, para que se presenten propuestas técnico-financieras para realizar una evaluación organizacional externa a este respecto.

La aplicación a la consultoría puede ser de personas naturales o jurídicas; residentes en Honduras o personas Extranjeras.

Esta evaluación definirá cuales son los riesgos que la organización tiene y ha tenido para que ocurran hechos como estos.

 

Antecedentes

Históricamente, el CIPRODEH ha sido una organización de sociedad civil que ha brindado aportes significativos al país en materia de derechos humanos, democracia y otros. Asimismo, ha sido una organización vanguardia en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación de grupos colocados en situación de vulnerabilidad y población en general. El Centro, ha mostrado su compromiso en abordar la discriminación, el acoso, incluido el acoso sexual, y el abuso de poder; la protección del personal contra las represalias por denunciar faltas de conducta y por cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas; la promoción de la adopción de medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales; además de la prestación de asistencia a las víctimas de explotación y abuso sexuales; en este sentido, el Centro dispone de una serie de herramientas de salvaguarda para la protección del personal y las personas beneficiarias de los programas y proyectos que el Centro ejecuta, como ser: 1. Reglamento Interno del CIPRODEH; 2. Política de Género; 3. Código de Ética y Conducta; y 4. Política de seguridad personal

A pesar de la existencia de estas herramientas de salvaguarda, en el 2019, el CIPRODEH sufrió una serie de conflictos internos, que desencadenaron diversas denuncias sobre supuestos actos de acoso. Al respecto, hubo denuncias de acoso (aún no determinado el tipo) en el seno de su entorno laboral. Esta situación provocó la reacción de diversas organizaciones de sociedad civil, en medios de comunicación y otros espacios. Como resultado de estos hechos, el CIPRODEH ha enfrentado una serie de desafíos que plantean la obligación de conocer la verdad de los hechos, determinar responsabilidades, identificar a las víctimas en su caso y castigar las conductas desviadas a la ética.

A la fecha, los hechos no se han investigado con debida diligencia y esto ha producido una serie de efectos negativos en el relacionamiento interno y externo. Desde entonces el CIPRODEH no ha podido realizar una investigación oportuna, inmediata, independiente e imparcial y exhaustiva para esclarecer los hechos y proteger a las personas afectadas.

Como parte del fortalecimiento institucional del CIPRODEH, se decidió poner fin a este conflicto, a través de un estudio bajo los parámetros de la debida diligencia para que eventualmente se tomen las medidas apropiadas para promover un ambiente seguro y proteger al personal y beneficiarios del Centro, de la discriminación, el acoso, incluyendo el acoso sexual y el abuso de autoridad (en adelante “conductas prohibidas por la normativa interna del CIPRODEH”); asimismo, el CIPRODEH pretende, que esta consultoría, resulte un mecanismo para que, en delante, comprobar las referencias de los candidatos externos durante procesos de contratación para asegurar que los individuos que tienen una historia documentada de acoso y otras conductas prohibidas  por la normativa interna del CIPRODEH no se nombren ni se contraten; el Centro, además ve la necesidad de pedir a los contratistas, proveedores y asociados que se adhieran a la política de tolerancia cero respecto de las conductas prohibidas por la normativa interna del CIPRODEH y que se comprometan a adoptar medidas adecuadas si se enfrentan a ellas, e informarles de que el no hacerlo ser una causa para terminar la relación contractual; además, el CIPRODEH resalta la necesidad de fortalecer las normas existentes sobre la prevención, investigación y sanción de conductas prohibidas por la normativa interna del CIPRODEH, así como la instalación y fortalecimiento de habilidades para comunicarse con las personas afectadas y los presuntos infractores y responder apropiadamente a estos hechos.

 

Cobertura geográfica: Los territorios de ejecución de la consultoría son: i) Centro/Tegucigalpa; y las comunidades de base con las cuales trabaja CIPRODEH en el territorio nacional.

 

III. Objetivos de la Consultoría

 

  1. Objetivos Generales.

OG1. Describir el estado de la situación del CIPRODEH, en torno a la gestión de las denuncias de discriminación, acoso, incluyendo el acoso sexual y el abuso de autoridad;

 

OG2. Contribuir al fortalecimiento institucional del CIPRODEH, para que diligentemente se tomen las medidas apropiadas para promover un ambiente de trabajo armonioso y proteger al personal y beneficiarios del Centro, de la discriminación, el acoso, incluyendo el acoso sexual y el abuso de autoridad.

 

  1. Objetivos Específicos

Realizar una investigación sobre el estado de la situación del CIPRODEH, en torno a la gestión de las denuncias de discriminación, acoso, incluyendo el acoso sexual y el abuso de autoridad, que brinde sobre denuncias de este tipo de actos en el CIPRODEH;

Orientar las medidas que el CIPRODEH debe tomar para evitar que los hechos se repitan y el Centro pueda, en base a las recomendaciones finales de la investigación, rendir cuentas ante la sociedad hondureña sobre el manejo de este tipo de situaciones.

 

  1. Producto / Resultado.

 

Un informe analítico-descriptivo que contenga lo siguiente:

Descripción del contexto

Descripción de la problemática y conflictividad

Breve evaluación de las herramientas de salvaguarda de las que el CIPRODEH dispone

Principales factores que causaron la propiciación de los hechos

Breve evaluación de las medidas tomadas por el CIPRODEH en sus órganos directivos y de gobierno

Análisis sobre el cumplimiento y posible aprovechamiento de poderes en los diferentes niveles de gobernanza

Conclusiones:

Sobre las herramientas de salvaguarda

Sobre los factores que causaron la propiciación de los hechos

Posibles responsabilidades de los distintos niveles de gobernanza del CIPRODEH

Sobre las medidas tomadas por el CIPRODEH en sus órganos directivos y de gobierno

Recomendaciones:

Sobre las herramientas de salvaguarda

Sobre los factores que causaron la propiciación de los hechos

Posibles responsabilidades de los distintos niveles de gobernanza del CIPRODEH

Sobre las medidas tomadas por el CIPRODEH en sus órganos directivos y de gobierno.

Sobre las acciones a tomar para reparar a las personas afectadas.

 

Un documento de propuestas sobre:

Las medidas apropiadas para promover un ambiente seguro y proteger al personal de conductas prohibidas mediante medidas preventivas;

Recomendaciones de medidas de reparación que el CIPRODEH debe tomar.

Un mecanismo practico para comprobar las referencias de los candidatos externos durante la contratación procesos para asegurar que los individuos que tienen una historia documentada de acoso y otras conductas prohibidas no se nombren ni se contraten en el CIPRODEH;

Una cláusula contractual para que los contratistas, proveedores y asociados se adhieran a la política de tolerancia cero respecto de las conductas prohibidas por la normativa interna del CIPRODEH y que se comprometan a adoptar medidas adecuadas si se enfrentan a ellas con denuncias de conductas prohibidas, e informarles de que el no hacerlo puede llevar a la terminación de los acuerdos contractuales;

Un catálogo de normas relativas a la prevención, tratamiento y castigo de las prácticas prohibidas;

Identificar temas de capacitación específica, para ser realizadas preferentemente en persona y dirigidas a desarrollar habilidades para comunicarse con las personas afectadas y los presuntos infractores a al catálogo de normas relativas a la prevención, tratamiento y castigo de las prácticas prohibidas por la normativa interna del CIPRODEH para responder apropiadamente. Los destinatarios de esos programas son los administradores, la dirección, el personal técnico y todo el personal que preste apoyo o pueda prestar apoyo al CIPRODEH;

 

  1. Metodología.

 

La metodología debe ser participativa, significa que la consultora debe contactar las partes involucradas: Las personas afectadas, las personas denunciadas, Personal Técnico y Administrativo, Personal de la Cooperación las y los miembros de los órganos de gobierno del CIPRODEH como la Junta Directiva, miembros de la Asamblea, Grupos de Interés (usuarios(as) de servicios de CIPRODEH, personal de ONGs,

Resolver, en base a la investigación, las medidas de prevención y atención, las denuncias de Acoso y Hostigamiento (abuso) sexual.  Conocer y resolver sobre las medidas precautorias solicitadas por el CIPRODEH de prevención y atención para la Atención y Seguimiento de Acoso y Hostigamiento Sexual. Determinar e implementar en materia de prevención, cursos, talleres, capacitaciones o cualquier otro mecanismo encaminado a la prevención, atención, y erradicación del acoso y hostigamiento sexual de las personas que intervengan en el presente Protocolo, así como para difundir y analizar las causas y consecuencias del Acoso y Hostigamiento Sexual. Así mismo será responsable de plantear como atender las denuncias presentadas en los casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.

Elementos que la Consultora debe considerar para plantear su metodología:

Reconociendo el contexto por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la persona aplicante puede generar una metodología que no requiera viajar a Honduras o reuniones de presencia físicas; es decir, puede hacer uso de medios alternativos o virtuales de comunicación.

Documentos de estándares internacionales para combatir la explotación y abusos sexuales

Herramientas para abordar la discriminación, el acoso, incluido el acoso sexual, y el abuso de poder y para la protección del personal contra las represalias por denunciar faltas de conducta y por cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas

Abordaje histórico de denuncias de acoso en la institución

La consultora en su metodología debe cuidar la secretividad de la fuente que le brinda la información, respetando la confidencialidad e imparcialidad que demandan los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Debe orientar la presunta víctima de acoso y hostigamiento sexual, sobre los derechos y prerrogativas que las leyes le confieren, solicitar la información necesaria para que CIPRODEH si así corresponde cumpla con sus funciones y obligaciones.

 

  1. Perfil del puesto:

 La persona natural o jurídica aplicante debe de ser mujer o conformado por mujeres.

Formación y profundos conocimientos en la perspectiva y enfoque de género, derechos humanos, violencia contra las mujeres;

Conocimiento general de los instrumentos jurídicos Internacionales, Nacionales sobre Derechos Humanos y laborales de las mujeres y otros grupos colocados en situación de vulnerabilidad;

Conocimientos en intervención en crisis (deseable)

Experiencia en la formulación de normas relativas a la prohibición y eliminación de la discriminación y otras prácticas prohibidas;

Actitudes idóneas para la atención, libres de prejuicios y prácticas estereotipadas;

Actitud de respeto, cordialidad y disposición al trabajo en equipo;

Sentido de corresponsabilidad para lograr un proceso de atención empática;

Empatía y habilidad de escucha activa; y

Experiencia sobre este tipo de investigaciones y formulación de políticas de acoso sexual.

 

VII. Obligaciones de la Consultora:

 

Cumplir con los productos y resultados en tiempo y forma;

Utilizar una metodología adaptada a la realidad;

Realizar su función en forma profesional, neutral, imparcial, confidencial y equitativa;

Vigilar que en su investigación, no se afecten derechos de terceros, ni cuestiones de orden público;

Propiciar soluciones que armonicen los intereses en conflicto, buscando en todo caso la igualdad sustantiva entre las partes, absteniéndose de tratar asuntos en materias expresamente prohibidas por la Ley de la materia;

Conservar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, conversaciones, acuerdos y posturas de las partes a los cuales tengan acceso con motivo de su función. Por tanto, estarán obligados a conservar en concepto de secreto profesional.

Abstenerse de intervenir en asuntos en los que pudiera verse afectada su imparcialidad.

Recibir cualquier medio de prueba con arreglo al derecho interno, incluyendo la declaración de cualquier persona, sea parte o tercero, documentos físicos o electrónicos y cualquier cosa, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los elementos probatorios deben ser valorados en base a la sana crítica y demás principios del derecho probatorio. Los medios probatorios recibidos deben ser lícitos, útiles y pertinentes.

 

Presentación de Informes:

 

Una vez realizada la investigación por parte del o la Consultora, hará del conocimiento de la Junta Directiva y Dirección del CIPRODEH un informe final, la narrativa de los hechos que hayan formulado la presunta víctima y el presunto agresor, así como en su caso las pruebas existentes para su valoración y resolución.

La supervisión será permanente vía e-mail, teléfono u otros medios electrónicos disponibles. Los siguientes criterios serán utilizados en la evaluación de los productos, la misma será realizada por la Dirección de CIPRODEH.

 

VIII. Duración de la Consultoría

 

15 de julio al 15 de septiembre (dos meses)

 

Alcance de la Consultoría.

 

Una investigación que determine del impacto derivado de la situación de acoso denunciada impacto de esta para el CIPRODEH, y cuáles deben ser las medidas que una Junta Directiva, dirección personal, técnico y administrativo deben considerar para realizar un trabajo acorde con el respeto hacia empleadas, empleados, grupos usuarios de servicios y la de los reglamentos y políticas institucionales.

 

Honorarios y Forma de Pago.

La forma de pago será la siguiente:

30% Contra la entrega del plan de trabajo que incluya la metodología y cronograma de actividades y la aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva de CIPRODEH.

30% Contra la entrega del primer borrador del Informe de la investigación y propuesta de Política de Acoso Sexual, previa aprobación de parte del Director Ejecutivo del CIPRODEH.

40% Contra la entrega de los productos finales Investigación y Política Contra el Acoso Sexual, conforme los TdR y propuesta Técnica aprobada por la Dirección Ejecutiva del CIPRODE.

El consultor/a deberá presentar sus recibos con la clave de autorización de impresión (CAI), asimismo se le hará la retención correspondiente sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta.

 

Como aplicar a la plaza vacante

Las personas calificadas e interesadas deben dirigirse a la Comisión de selección, enviando sus Hojas de Vida y Propuesta Técnica y Financiera a más tardar el 7 de agosto de 2020 a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., detallando en el asunto del correo el nombre de la consultoría.

 

¿Cómo aplicar?

Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

El CIPRODEH es una organización independiente, sin fines de lucro y de carácter privado que, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y las ideas y valores democráticos. Asimismo, el CIPRODEH recibe y verifica información relacionada a presuntas violaciones a derechos humanos y apoya a dar voz a las víctimas.

El derecho penal tiene la naturaleza intrínseca de ser evolutivo, puesto que está directamente relacionado con el desarrollo de las sociedades, con las caracterización de las más complejas relaciones interpersonales, tecnológicas, sociales, económicas, culturales, y políticas que se suscitan en el escenario de la vida en sociedad, y sobre todo a la mutación de los comportamientos ilícitos que subvierten, y causan graves daños a bienes jurídicos, convencionalmente seleccionados como los pilares de la convivencia humana.

Las sociedades del mundo están transitando una senda de cambios vertiginosos como no se suscitan desde hace muchas décadas o quizás siglos, y ello se debe sobre todo a los cualitativas mutaciones de la vida humana quien se ha visto directamente influenciada, por la revolución de la tecnología digital, que ha acortado las distancias geográficas, que ha cambiado de forma radical el paradigma de las faenas bancarias y financieras, y que crea redes de comunicación y de democracia informativa sin precedentes en la historia de la humanidad.

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Sherill Yubissa Hernández Mancía, una agente de 28 años encargada de investigar el narcotráfico y la corrupción en una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en Honduras, murió de dos formas distintas. Depende a quién se le pregunte.

Hernández Mancía estaba muerta cuando, el lunes 11 de junio de 2018, compañeros de trabajo fueron a su apartamento en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, donde ella era jefa de investigaciones de la unidad regional del Ministerio Público encargada de crímenes complejos.

Ricardo Castro, el jefe de la unidad élite de la fiscalía donde Hernández Mancía trabajaba, ha defendido sin descanso que la joven agente se suicidó.

“Me gusta hablar con pruebas científicas”, dijo Castro a la prensa hondureña en enero de este año. “Y estas dicen que se trató de un suicidio. El caso fue cerrado, porque nadie lo objetó”.

La exdirectora de medicina forense de Honduras, Semma Julissa Villanueva, ha defendido otra versión. La evidencia que ella y su equipo analizaron indica que se trató de un homicidio.

Desde que firmó su informe de autopsia en julio de 2018, Villanueva no ha cambiado su dictamen inicial: Sherill Hernández Mancía fue asesinada y la escena del crimen fue un montaje —más bien torpe— para que pareciera un suicidio. Por declarar esto en abierto desafío a la versión oficial, Julissa Villanueva fue destituida de su cargo como directora forense; ella y su equipo han recibido varias amenazas de muerte.

Los intentos de desacreditarla vienen desde las más altas esferas, incluido el despacho del fiscal general de Honduras.

“Nunca se había visto que, en vez de investigar, ellos estuvieran buscando generar duda”, dijo Villanueva a InSight Crime en Tegucigalpa. “Y eso fue lo que no permití”.

Sherill Yubissa Hernández Mancía

El caso de la agente Hernández Mancía encaja en un patrón que ya es un lugar común en Honduras, en el que las investigaciones de alto perfil se llevan a cabo en total oscuridad, a paso lento, plagadas de errores, y posteriormente se cierran sin muchas explicaciones. En este caso, preguntas sobre si la joven agente fue asesinada por investigar posibles conexiones entre la pandilla MS13, narcotraficantes del occidente hondureño, funcionarios de gobierno y posiblemente agentes de su misma unidad han chocado con un muro de silencio.

Funcionarios que conocen el caso, con quienes InSight Crime habló en Copán, en Tegucigalpa y en Intibucá -de donde Hernández Mancía es originaria- creen que el trabajo de la agente fue el motivo de su asesinato.

“No fue suicidio lo que pasó. A ella la mataron porque investigaba narcotráfico”, aseguró a InSight Crime un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), quien solicitó que se mantuviera su anonimato por no tener autorización para dar declaraciones sobre el caso.

Informe enviado por la doctora Semma Julissa Villanueva, jefa forense del Ministerio Público, al fiscal general Óscar Chinchilla en el que certifica que la muerte de Sherill Hernández Mancía fue un acto homicida.

Un cadáver mal manejado, una escena del crimen contaminada

En 2015, a los 25 años, Sherill Yubissa Hernández Mancía comenzó su carrera con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), algo así como un FBI en Honduras.

Graduada de administradora aduanera y entrenada como investigadora criminal, la joven descolló pronto. Fue transferida a San Pedro Sula, la capital industrial del país, donde fue parte del equipo de fiscales y agentes asignados a la Operación Avalancha, una investigación de alto perfil sobre las operaciones de lavado de dinero de la MS13.

En algún momento a comienzos de 2018, mientras daba por finalizada la tercera fase de Avalancha, Hernández Mancía ascendió a jefa regional al frente de una unidad especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público (ATIC). Asumió el mando de un equipo de diez personas en Copán, departamento que bordea la frontera con Guatemala y una de las principales plazas del narcotráfico hondureño.

La mañana del 11 de junio de ese año, al ver que no llegó a trabajar, sus colegas fueron a buscarla a su apartamento en Santa Rosa de Copán, la capital departamental, y la hallaron muerta en el suelo, en medio de un charco de sangre, según los reportes iniciales de la escena del crimen a los que InSight Crime tuvo acceso.

Los agentes de la ATIC asumieron inmediatamente la investigación y la escena del crimen sin avisar a la policía; prohibieron el ingreso de otros organismos al apartamento, según Julissa Villanueva, la exjefa forense.

Los investigadores forenses no tardaron en protestar. Un artículo del 12 de junio, en Tiempo Digital, cita a un funcionario de la morgue que declaró a la prensa que hubo un mal proceso en el acopio de evidencia y el manejo del cuerpo de Hernández Mancía. El funcionario también cuestionó por qué la ATIC dirigía la investigación y no los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, que es la responsable de los análisis físicos, huellas dactilares y demás recolección de evidencia en escenas de crímenes en Honduras.

“La ATIC nunca había procesado escenas de crimen y su inexperiencia marcó un extraño debut en este caso”, explicó Villanueva a InSight Crime.

Días después, un funcionario anónimo de la ATIC defendió en la prensa hondureña la versión del suicidio por una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Honduras

La ATIC retuvo más de una semana piezas claves de evidencia forense, incluyendo el arma y los casquillos de bala hallados en el apartamento de la agente.

Entretanto, los agentes de la ATIC citaron a una reunión al investigador forense de Santa Rosa de Copán, Delio Serrano, luego de que este se negara a firmar un reporte en el que se decía que había participado del procesamiento del cuerpo de Hernández Mancía, según reportó La Prensa. Serrano solo admitiría que había estado presente y se negó a asistir a la reunión sin la compañía de un abogado.

Acta inicial del levantamiento del cadáver de Sherill Hernández. Ahí consta que no hubo forense presente en la inspección inicial. El levantamiento de la escena duró poco más de una hora.

Sin embargo, el informe de la escena del crimen establece que no hubo ningún investigador forense presente. El director de la morgue, incluso, amonestó a Serrano por medio de una carta dos días después en la que lo reprendía por haber incurrido en negligencia al no hacerse cargo del cuerpo de Hernández Mancía.

“El doctor parece que nunca estuvo porque no hizo su trabajo habitual”, comentó Villanueva, “porque no tomó fotografías ni firmó un acta de levantamiento”.

El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva expidió su autopsia. Causa de la muerte: “Homicidio”, dice en negrilla.

“No nos queda ninguna duda; esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”, declaró Villanueva a la prensa una semana después. “No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente”.

Inconsistencias forenses

Desde la firma del acta de la autopsia practicada al cadáver de Sherill Yubissa Hernández Mancía, la doctora Julissa Villanueva se ha mantenido firme en su dictamen de que la agente fue asesinada, aun cuando otros investigadores asignados a la investigación por homicidio obraron con lentitud y enviaron mensajes contradictorios.

Sin vacilar, la exjefa de forenses enumera de corrido las muchas inconsistencias.

Foto, cargador y bala encontrados en la escena del crimen.

Una de las primeras cosas que llamó la atención del equipo forense al revisar el álbum de fotos que los agentes de la ATIC tomaron en la escena del crimen, a parte del cual InSight Crime tuvo acceso, es la instantánea del cadáver de Hernández Mancía postrado sobre una cama. También les pareció extraño que fuesen los agentes de la ATIC quienes estuviesen a cargo de la escena.

Los colegas de Hernández Mancía afirmaron que habían hallado su cadáver en el piso, en medio de un charco de sangre, según los informes iniciales. Pero en las fotografías, la agente yace en la cama boca arriba, con una pistola de 9 milímetros contra la sien. No hay sangre en la almohada ni residuos en las paredes, que serían consistentes con un tiro autoinfligido en ese lado de la cabeza, señala Julissa Villanueva. Es decir, si Sherill Yubissa se pegó un tiro sobre esa cama, la sangre y el material óseo y cerebral desprendido por el disparo desaparecieron; o al menos no están en esa foto.

“No hay manchas de sangre ni residuos de hueso o vísceras en la pared ni ‘charco hemático’ en la almohada, que serían consistentes con la teoría de un balazo en la sien en la posición del cadáver mostrada en las fotografías de la escena”, dijo Villanueva a InSight Crime.

En lugar de eso, la trayectoria de la sangre es hacia abajo de su cara y cuello.

En la fotografía del cadáver sobre la cama solo se aprecian pequeñas impresiones de huellas dactilares con lo que parece ser sangre en el lado izquierdo de la almohada, unos centímetros arriba de la pistola. El MP tampoco ha revelado a quién o quiénes pertenecen esas huellas.

“Debería haber sangre por todas partes”, concluye Villanueva. “Se puede ver claramente que ese cadáver fue modificado”.

Más aún, la mano derecha de Hernández Mancía sostiene el arma, con su brazo en ángulo, pero las pruebas no hallaron residuos de pólvora ni en la mano ni en el brazo.

Las fotografías muestran la lengua de la agente inflamada y fuera de la boca y contusiones en la parte baja del cuello, lo que para Julissa Villanueva indica asfixia. Es evidente, para el equipo forense, que sus asesinos primero intentaron estrangular a la agente y luego le dispararon.

Villanueva señala que es probable que la joven agente estuviera sentada cuando le dispararon. “Hasta en el talón tiene manchas de sangre”, explica.

El celular de la fiscal Henández Mancía fue movido al menos tres veces en la escena del crimen. Terminó en un depósito de agua.

La exjefa forense también halló sospechoso el manejo que los agentes de la ATIC dieron al teléfono celular de la víctima en la escena del crimen. Las fotografías muestran el teléfono en tres sitios distintos de la habitación mientras los investigadores estaban presentes. En la última fotografía, se lo ve sumergido en una jarra plástica con agua.

InSight Crime envió correos electrónicos y mensajes a Castro, el director de la ATIC, con preguntas sobre el manejo de la evidencia y la investigación y los hallazgos de Julissa Villanueva. Este no respondió. Los requerimientos al fiscal general Óscar Chinchilla por medio de su oficina de prensa también quedaron sin respuesta.

Copán, una muerte y dos posibles motivos

Aunque unos cuantos informes iniciales vinculaban la muerte de Hernández Mancía con su trabajo, Castro y la ATIC se mostraron renuentes a investigar o seguir cualquier pista tendiente a demostrar esa hipótesis.

En lugar de eso, Castro y Wilfredo García, director de la ATIC en San Pedro Sula, insistieron en la idea de que Hernández Mancía se suicidó por problemas financieros. García había tenido una relación romántica con Hernández Mancía, y al parecer informó que ella tenía un vehículo embargado, según un artículo de Tiempo Digital publicado en septiembre de 2018, tres meses después de la muerte.

El nombre de García apareció de nuevo en un artículo del New York Times publicado en abril de 2019, en el que se analizaba la muerte de Hernández Mancía en el contexto más amplio de los feminicidios en Honduras. Personas cercanas al caso declararon a la reportera Sonia Nazario que García estaba casado con la hermana de un pandillero de la MS13, y que Hernández Mancía comenzó a sospechar que él trabajaba para el grupo.

InSight Crime pudo verificar que García fue transferido a un puesto administrativo después de la muerte de Hernández Mancía. También se hizo un intento de contactarlo a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, pero no hubo respuesta.

Hernández Mancía había investigado a la MS13. Como agente en San Pedro Sula, participó en la Operación Avalancha, una investigación que llevó a la desarticulación de varias redes de lavado de dinero de la pandilla y a la incautación de cerca de 2.000 bienes, entre ellos terrenos, residencias, negocios y vehículos, valorados en unos 50 millones de lempiras (cerca de US$2 millones). La investigación incluyó al jefe pandillero Alexánder Mendoza, alias “El Porky”, quien fue liberado recientemente de un tribunal con un operativo tipo militar.

En su cargo como jefe de la unidad anticorrupción en Copán, Hernández Mancía también había empezado a investigar los vínculos entre agentes de la ATIC y narcos locales, según informó a InSight Crime un fiscal conocedor del caso, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por no estar autorizado a hablar sobre el tema.

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El departamento de Copán, al occidente del país, se ubica en el centro de la narcopolítica en Honduras. Allí se encuentra la población fronteriza de El Paraíso, que durante años fue gobernada por el alcalde y narco Amílcar Alexander “Chande” Ardón. Ardón declaró el año pasado que facilitaba despachos de cocaína para Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y que donó millones de dólares de ganancias de la droga para las campañas electorales del presidente.

Colaboradores de Hernández Mancía declararon a La Tribuna que en las semanas previas a su muerte ella había confiscado documentos en las alcaldías de varias localidades de Copán. Según ellos, la agente estaba investigando movimientos financieros irregulares que implicaban a políticos locales, narcotraficantes y pandilleros.

La investigación se abrió por sospechas de nexos entre pandilleros y narcos de la región, según informó un fiscal de Copán a InSight Crime.

Un descarte discreto un año después

Para el primer aniversario de la muerte de Hernández Mancía en 2019, la Fiscalía General tenía poco que decir sobre el caso, más allá de asegurar que el FBI participaba en la investigación, algo que no era cierto.

Fue hasta el viernes 27 de septiembre, más de 15 meses después del hallazgo del cuerpo, cuando la Fiscalía General emitió un comunicado de seis párrafos en el que declaraba que la muerte de Hernández Mancía no fue un homicidio, sino un suicidio.

No pareció que el Ministerio Público, la institución del Estado desde la que la agente Sherill Hernández investigó a grupos criminales sofisticados en Copán y San Pedro Sula, haya tenido en cuenta ninguno de los hallazgos de Julissa Villanueva, ni las sospechas de que la agente había sido asesinada debido a su trabajo.

Informe final del Ministerio Público de Honduras sobre muerte de la investigadora Sherill Hernández.

El comunicado, emitido por el despacho del fiscal general Óscar Chinchilla, contiene pocos detalles de qué llevó a los investigadores a concluir que Hernández Mancía se había suicidado. En forma vaga hace referencia a un “análisis financiero”, “autopsias psicológicas” y “evidencia combinada con factores de riesgo”.

El tono indirecto parece hacer referencias a declaraciones anteriores que apuntaban a que Hernández Mancía tenía problemas de deudas que la llevaron a poner fin a su vida.

La madre de la agente Hernández Mancía ha dicho que su hija no tenía deudas. La mujer y otros familiares de la agente durante mucho tiempo han demandado —sin éxito— que se retire a la ATIC de la investigación.

Tras el anuncio del Ministerio Público que defiende la versión del suicidio, los familiares de la agente acudieron, junto con defensores de derechos humanos, a la Fiscalía General a solicitar todos los documentos relativos a la investigación.

“Ella descubrió algo dentro de la ATIC y por eso la mataron”, declaró a la prensa Johny Mancía, tío de la agente muerta.

Amenazas para callar

En Honduras, hablar se paga caro. En especial si lo que se dice tiene que ver con investigaciones de nexos entre el crimen organizado y el poder.

En los días posteriores a la muerte de Sherill Yubissa Hernández Mancía, la médico forense Julissa Villanueva y sus colegas de la morgue de San Pedro Sula comenzaron a recibir amenazas, según una denuncia enviada por ella en 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición, que finalmente fue respaldada por la CIDH, menciona una amenaza a Karla Beltrán, asistente de la jefa regional de medicina forense de San Pedro Sula. Beltrán, dice la denuncia, fue llevada a un lado por alguien en la morgue que afirmaba estar allí en busca de empleo. Sujetándola del codo, le preguntó cómo se llamaba y luego le dijo que había hombres armados en un vehículo: “mire sin que se den cuenta, cuídense mamá porque las quieren matar, las están vigilando ya [hace] días”, le dijo, según el informe de la CIDH.

Posteriormente, un agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) le anunció a Julissa Villanueva que las amenazas eran “reales y muy serias” y que se había visto a “personas peligrosas y sospechosas” en vehículos en las afueras de la morgue de San Pedro Sula.

Durante un tiempo, Julissa Villanueva recibió protección policial. “Iban a matar[nos] por sostener que se trataba de un homicidio desde el punto de vista médico legal y por denunciar que hubo irregularidades en el manejo de la escena del crimen”, le dijo Julissa Villanueva a InSight Crime.

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Sus declaraciones también le valieron ataques de la Fiscalía General. Julissa Villanueva, quien dos años antes había recibido un Premio Internacional a las Mujeres con Valor de la primera dama estadounidense Melania Trump, fue amonestada en una serie de citaciones y su comparecencia ante una junta disciplinaria fue requerida en varias ocasiones.

En diciembre de 2019, la destituyeron de su cargo como directora de medicina forense, una medida que ella atribuye a su insistencia en que Hernández Mancía fue asesinada. En enero de 2020 la despidieron definitivamente del MP.

Pero ella siguió enfrentando al fiscal general:

“Se lo dije al fiscal general: ‘no voy a permitir la desacreditación de todo el trabajo de nosotros, sencillamente porque ustedes no quieren creernos’”, recuerda que le dijo, y siguió: “‘No sé por qué no quieren creernos, si trabajamos hasta en la misma institución ¿qué es lo que pasa?’”.

Hasta el momento, ni la ATIC ni la jefatura del MP han hecho públicos los detalles específicos de su investigación para responder a los cuestionamientos sobre la escena de la muerte de la agente Hernández Mancía: el balazo sin sangre, el cuerpo removido del suelo y un charco de sangre a una cama, los hematomas en el cuello, el teléfono que terminó dañado en una jarra de agua.

Hasta ahora, la historia de la agente que investigaba el oscuro mundo del crimen organizado en una de las capitales del narcotráfico hondureño sigue generando más preguntas que respuestas. Hasta ahora, Sherill Yubissa Hernández Mancía ha muerto dos muertes distintas.

*Victoria Dittmar contribuyó en la investigación para este reporte.

 

Este reportaje fue hecho por insight crime