El derecho penal tiene la naturaleza intrínseca de ser evolutivo, puesto que está directamente relacionado con el desarrollo de las sociedades, con las caracterización de las más complejas relaciones interpersonales, tecnológicas, sociales, económicas, culturales, y políticas que se suscitan en el escenario de la vida en sociedad, y sobre todo a la mutación de los comportamientos ilícitos que subvierten, y causan graves daños a bienes jurídicos, convencionalmente seleccionados como los pilares de la convivencia humana.

Las sociedades del mundo están transitando una senda de cambios vertiginosos como no se suscitan desde hace muchas décadas o quizás siglos, y ello se debe sobre todo a los cualitativas mutaciones de la vida humana quien se ha visto directamente influenciada, por la revolución de la tecnología digital, que ha acortado las distancias geográficas, que ha cambiado de forma radical el paradigma de las faenas bancarias y financieras, y que crea redes de comunicación y de democracia informativa sin precedentes en la historia de la humanidad.

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Sherill Yubissa Hernández Mancía, una agente de 28 años encargada de investigar el narcotráfico y la corrupción en una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en Honduras, murió de dos formas distintas. Depende a quién se le pregunte.

Hernández Mancía estaba muerta cuando, el lunes 11 de junio de 2018, compañeros de trabajo fueron a su apartamento en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, donde ella era jefa de investigaciones de la unidad regional del Ministerio Público encargada de crímenes complejos.

Ricardo Castro, el jefe de la unidad élite de la fiscalía donde Hernández Mancía trabajaba, ha defendido sin descanso que la joven agente se suicidó.

“Me gusta hablar con pruebas científicas”, dijo Castro a la prensa hondureña en enero de este año. “Y estas dicen que se trató de un suicidio. El caso fue cerrado, porque nadie lo objetó”.

La exdirectora de medicina forense de Honduras, Semma Julissa Villanueva, ha defendido otra versión. La evidencia que ella y su equipo analizaron indica que se trató de un homicidio.

Desde que firmó su informe de autopsia en julio de 2018, Villanueva no ha cambiado su dictamen inicial: Sherill Hernández Mancía fue asesinada y la escena del crimen fue un montaje —más bien torpe— para que pareciera un suicidio. Por declarar esto en abierto desafío a la versión oficial, Julissa Villanueva fue destituida de su cargo como directora forense; ella y su equipo han recibido varias amenazas de muerte.

Los intentos de desacreditarla vienen desde las más altas esferas, incluido el despacho del fiscal general de Honduras.

“Nunca se había visto que, en vez de investigar, ellos estuvieran buscando generar duda”, dijo Villanueva a InSight Crime en Tegucigalpa. “Y eso fue lo que no permití”.

Sherill Yubissa Hernández Mancía

El caso de la agente Hernández Mancía encaja en un patrón que ya es un lugar común en Honduras, en el que las investigaciones de alto perfil se llevan a cabo en total oscuridad, a paso lento, plagadas de errores, y posteriormente se cierran sin muchas explicaciones. En este caso, preguntas sobre si la joven agente fue asesinada por investigar posibles conexiones entre la pandilla MS13, narcotraficantes del occidente hondureño, funcionarios de gobierno y posiblemente agentes de su misma unidad han chocado con un muro de silencio.

Funcionarios que conocen el caso, con quienes InSight Crime habló en Copán, en Tegucigalpa y en Intibucá -de donde Hernández Mancía es originaria- creen que el trabajo de la agente fue el motivo de su asesinato.

“No fue suicidio lo que pasó. A ella la mataron porque investigaba narcotráfico”, aseguró a InSight Crime un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), quien solicitó que se mantuviera su anonimato por no tener autorización para dar declaraciones sobre el caso.

Informe enviado por la doctora Semma Julissa Villanueva, jefa forense del Ministerio Público, al fiscal general Óscar Chinchilla en el que certifica que la muerte de Sherill Hernández Mancía fue un acto homicida.

Un cadáver mal manejado, una escena del crimen contaminada

En 2015, a los 25 años, Sherill Yubissa Hernández Mancía comenzó su carrera con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), algo así como un FBI en Honduras.

Graduada de administradora aduanera y entrenada como investigadora criminal, la joven descolló pronto. Fue transferida a San Pedro Sula, la capital industrial del país, donde fue parte del equipo de fiscales y agentes asignados a la Operación Avalancha, una investigación de alto perfil sobre las operaciones de lavado de dinero de la MS13.

En algún momento a comienzos de 2018, mientras daba por finalizada la tercera fase de Avalancha, Hernández Mancía ascendió a jefa regional al frente de una unidad especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público (ATIC). Asumió el mando de un equipo de diez personas en Copán, departamento que bordea la frontera con Guatemala y una de las principales plazas del narcotráfico hondureño.

La mañana del 11 de junio de ese año, al ver que no llegó a trabajar, sus colegas fueron a buscarla a su apartamento en Santa Rosa de Copán, la capital departamental, y la hallaron muerta en el suelo, en medio de un charco de sangre, según los reportes iniciales de la escena del crimen a los que InSight Crime tuvo acceso.

Los agentes de la ATIC asumieron inmediatamente la investigación y la escena del crimen sin avisar a la policía; prohibieron el ingreso de otros organismos al apartamento, según Julissa Villanueva, la exjefa forense.

Los investigadores forenses no tardaron en protestar. Un artículo del 12 de junio, en Tiempo Digital, cita a un funcionario de la morgue que declaró a la prensa que hubo un mal proceso en el acopio de evidencia y el manejo del cuerpo de Hernández Mancía. El funcionario también cuestionó por qué la ATIC dirigía la investigación y no los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, que es la responsable de los análisis físicos, huellas dactilares y demás recolección de evidencia en escenas de crímenes en Honduras.

“La ATIC nunca había procesado escenas de crimen y su inexperiencia marcó un extraño debut en este caso”, explicó Villanueva a InSight Crime.

Días después, un funcionario anónimo de la ATIC defendió en la prensa hondureña la versión del suicidio por una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

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La ATIC retuvo más de una semana piezas claves de evidencia forense, incluyendo el arma y los casquillos de bala hallados en el apartamento de la agente.

Entretanto, los agentes de la ATIC citaron a una reunión al investigador forense de Santa Rosa de Copán, Delio Serrano, luego de que este se negara a firmar un reporte en el que se decía que había participado del procesamiento del cuerpo de Hernández Mancía, según reportó La Prensa. Serrano solo admitiría que había estado presente y se negó a asistir a la reunión sin la compañía de un abogado.

Acta inicial del levantamiento del cadáver de Sherill Hernández. Ahí consta que no hubo forense presente en la inspección inicial. El levantamiento de la escena duró poco más de una hora.

Sin embargo, el informe de la escena del crimen establece que no hubo ningún investigador forense presente. El director de la morgue, incluso, amonestó a Serrano por medio de una carta dos días después en la que lo reprendía por haber incurrido en negligencia al no hacerse cargo del cuerpo de Hernández Mancía.

“El doctor parece que nunca estuvo porque no hizo su trabajo habitual”, comentó Villanueva, “porque no tomó fotografías ni firmó un acta de levantamiento”.

El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva expidió su autopsia. Causa de la muerte: “Homicidio”, dice en negrilla.

“No nos queda ninguna duda; esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”, declaró Villanueva a la prensa una semana después. “No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente”.

Inconsistencias forenses

Desde la firma del acta de la autopsia practicada al cadáver de Sherill Yubissa Hernández Mancía, la doctora Julissa Villanueva se ha mantenido firme en su dictamen de que la agente fue asesinada, aun cuando otros investigadores asignados a la investigación por homicidio obraron con lentitud y enviaron mensajes contradictorios.

Sin vacilar, la exjefa de forenses enumera de corrido las muchas inconsistencias.

Foto, cargador y bala encontrados en la escena del crimen.

Una de las primeras cosas que llamó la atención del equipo forense al revisar el álbum de fotos que los agentes de la ATIC tomaron en la escena del crimen, a parte del cual InSight Crime tuvo acceso, es la instantánea del cadáver de Hernández Mancía postrado sobre una cama. También les pareció extraño que fuesen los agentes de la ATIC quienes estuviesen a cargo de la escena.

Los colegas de Hernández Mancía afirmaron que habían hallado su cadáver en el piso, en medio de un charco de sangre, según los informes iniciales. Pero en las fotografías, la agente yace en la cama boca arriba, con una pistola de 9 milímetros contra la sien. No hay sangre en la almohada ni residuos en las paredes, que serían consistentes con un tiro autoinfligido en ese lado de la cabeza, señala Julissa Villanueva. Es decir, si Sherill Yubissa se pegó un tiro sobre esa cama, la sangre y el material óseo y cerebral desprendido por el disparo desaparecieron; o al menos no están en esa foto.

“No hay manchas de sangre ni residuos de hueso o vísceras en la pared ni ‘charco hemático’ en la almohada, que serían consistentes con la teoría de un balazo en la sien en la posición del cadáver mostrada en las fotografías de la escena”, dijo Villanueva a InSight Crime.

En lugar de eso, la trayectoria de la sangre es hacia abajo de su cara y cuello.

En la fotografía del cadáver sobre la cama solo se aprecian pequeñas impresiones de huellas dactilares con lo que parece ser sangre en el lado izquierdo de la almohada, unos centímetros arriba de la pistola. El MP tampoco ha revelado a quién o quiénes pertenecen esas huellas.

“Debería haber sangre por todas partes”, concluye Villanueva. “Se puede ver claramente que ese cadáver fue modificado”.

Más aún, la mano derecha de Hernández Mancía sostiene el arma, con su brazo en ángulo, pero las pruebas no hallaron residuos de pólvora ni en la mano ni en el brazo.

Las fotografías muestran la lengua de la agente inflamada y fuera de la boca y contusiones en la parte baja del cuello, lo que para Julissa Villanueva indica asfixia. Es evidente, para el equipo forense, que sus asesinos primero intentaron estrangular a la agente y luego le dispararon.

Villanueva señala que es probable que la joven agente estuviera sentada cuando le dispararon. “Hasta en el talón tiene manchas de sangre”, explica.

El celular de la fiscal Henández Mancía fue movido al menos tres veces en la escena del crimen. Terminó en un depósito de agua.

La exjefa forense también halló sospechoso el manejo que los agentes de la ATIC dieron al teléfono celular de la víctima en la escena del crimen. Las fotografías muestran el teléfono en tres sitios distintos de la habitación mientras los investigadores estaban presentes. En la última fotografía, se lo ve sumergido en una jarra plástica con agua.

InSight Crime envió correos electrónicos y mensajes a Castro, el director de la ATIC, con preguntas sobre el manejo de la evidencia y la investigación y los hallazgos de Julissa Villanueva. Este no respondió. Los requerimientos al fiscal general Óscar Chinchilla por medio de su oficina de prensa también quedaron sin respuesta.

Copán, una muerte y dos posibles motivos

Aunque unos cuantos informes iniciales vinculaban la muerte de Hernández Mancía con su trabajo, Castro y la ATIC se mostraron renuentes a investigar o seguir cualquier pista tendiente a demostrar esa hipótesis.

En lugar de eso, Castro y Wilfredo García, director de la ATIC en San Pedro Sula, insistieron en la idea de que Hernández Mancía se suicidó por problemas financieros. García había tenido una relación romántica con Hernández Mancía, y al parecer informó que ella tenía un vehículo embargado, según un artículo de Tiempo Digital publicado en septiembre de 2018, tres meses después de la muerte.

El nombre de García apareció de nuevo en un artículo del New York Times publicado en abril de 2019, en el que se analizaba la muerte de Hernández Mancía en el contexto más amplio de los feminicidios en Honduras. Personas cercanas al caso declararon a la reportera Sonia Nazario que García estaba casado con la hermana de un pandillero de la MS13, y que Hernández Mancía comenzó a sospechar que él trabajaba para el grupo.

InSight Crime pudo verificar que García fue transferido a un puesto administrativo después de la muerte de Hernández Mancía. También se hizo un intento de contactarlo a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, pero no hubo respuesta.

Hernández Mancía había investigado a la MS13. Como agente en San Pedro Sula, participó en la Operación Avalancha, una investigación que llevó a la desarticulación de varias redes de lavado de dinero de la pandilla y a la incautación de cerca de 2.000 bienes, entre ellos terrenos, residencias, negocios y vehículos, valorados en unos 50 millones de lempiras (cerca de US$2 millones). La investigación incluyó al jefe pandillero Alexánder Mendoza, alias “El Porky”, quien fue liberado recientemente de un tribunal con un operativo tipo militar.

En su cargo como jefe de la unidad anticorrupción en Copán, Hernández Mancía también había empezado a investigar los vínculos entre agentes de la ATIC y narcos locales, según informó a InSight Crime un fiscal conocedor del caso, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por no estar autorizado a hablar sobre el tema.

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El departamento de Copán, al occidente del país, se ubica en el centro de la narcopolítica en Honduras. Allí se encuentra la población fronteriza de El Paraíso, que durante años fue gobernada por el alcalde y narco Amílcar Alexander “Chande” Ardón. Ardón declaró el año pasado que facilitaba despachos de cocaína para Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y que donó millones de dólares de ganancias de la droga para las campañas electorales del presidente.

Colaboradores de Hernández Mancía declararon a La Tribuna que en las semanas previas a su muerte ella había confiscado documentos en las alcaldías de varias localidades de Copán. Según ellos, la agente estaba investigando movimientos financieros irregulares que implicaban a políticos locales, narcotraficantes y pandilleros.

La investigación se abrió por sospechas de nexos entre pandilleros y narcos de la región, según informó un fiscal de Copán a InSight Crime.

Un descarte discreto un año después

Para el primer aniversario de la muerte de Hernández Mancía en 2019, la Fiscalía General tenía poco que decir sobre el caso, más allá de asegurar que el FBI participaba en la investigación, algo que no era cierto.

Fue hasta el viernes 27 de septiembre, más de 15 meses después del hallazgo del cuerpo, cuando la Fiscalía General emitió un comunicado de seis párrafos en el que declaraba que la muerte de Hernández Mancía no fue un homicidio, sino un suicidio.

No pareció que el Ministerio Público, la institución del Estado desde la que la agente Sherill Hernández investigó a grupos criminales sofisticados en Copán y San Pedro Sula, haya tenido en cuenta ninguno de los hallazgos de Julissa Villanueva, ni las sospechas de que la agente había sido asesinada debido a su trabajo.

Informe final del Ministerio Público de Honduras sobre muerte de la investigadora Sherill Hernández.

El comunicado, emitido por el despacho del fiscal general Óscar Chinchilla, contiene pocos detalles de qué llevó a los investigadores a concluir que Hernández Mancía se había suicidado. En forma vaga hace referencia a un “análisis financiero”, “autopsias psicológicas” y “evidencia combinada con factores de riesgo”.

El tono indirecto parece hacer referencias a declaraciones anteriores que apuntaban a que Hernández Mancía tenía problemas de deudas que la llevaron a poner fin a su vida.

La madre de la agente Hernández Mancía ha dicho que su hija no tenía deudas. La mujer y otros familiares de la agente durante mucho tiempo han demandado —sin éxito— que se retire a la ATIC de la investigación.

Tras el anuncio del Ministerio Público que defiende la versión del suicidio, los familiares de la agente acudieron, junto con defensores de derechos humanos, a la Fiscalía General a solicitar todos los documentos relativos a la investigación.

“Ella descubrió algo dentro de la ATIC y por eso la mataron”, declaró a la prensa Johny Mancía, tío de la agente muerta.

Amenazas para callar

En Honduras, hablar se paga caro. En especial si lo que se dice tiene que ver con investigaciones de nexos entre el crimen organizado y el poder.

En los días posteriores a la muerte de Sherill Yubissa Hernández Mancía, la médico forense Julissa Villanueva y sus colegas de la morgue de San Pedro Sula comenzaron a recibir amenazas, según una denuncia enviada por ella en 2018 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición, que finalmente fue respaldada por la CIDH, menciona una amenaza a Karla Beltrán, asistente de la jefa regional de medicina forense de San Pedro Sula. Beltrán, dice la denuncia, fue llevada a un lado por alguien en la morgue que afirmaba estar allí en busca de empleo. Sujetándola del codo, le preguntó cómo se llamaba y luego le dijo que había hombres armados en un vehículo: “mire sin que se den cuenta, cuídense mamá porque las quieren matar, las están vigilando ya [hace] días”, le dijo, según el informe de la CIDH.

Posteriormente, un agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL) le anunció a Julissa Villanueva que las amenazas eran “reales y muy serias” y que se había visto a “personas peligrosas y sospechosas” en vehículos en las afueras de la morgue de San Pedro Sula.

Durante un tiempo, Julissa Villanueva recibió protección policial. “Iban a matar[nos] por sostener que se trataba de un homicidio desde el punto de vista médico legal y por denunciar que hubo irregularidades en el manejo de la escena del crimen”, le dijo Julissa Villanueva a InSight Crime.

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Sus declaraciones también le valieron ataques de la Fiscalía General. Julissa Villanueva, quien dos años antes había recibido un Premio Internacional a las Mujeres con Valor de la primera dama estadounidense Melania Trump, fue amonestada en una serie de citaciones y su comparecencia ante una junta disciplinaria fue requerida en varias ocasiones.

En diciembre de 2019, la destituyeron de su cargo como directora de medicina forense, una medida que ella atribuye a su insistencia en que Hernández Mancía fue asesinada. En enero de 2020 la despidieron definitivamente del MP.

Pero ella siguió enfrentando al fiscal general:

“Se lo dije al fiscal general: ‘no voy a permitir la desacreditación de todo el trabajo de nosotros, sencillamente porque ustedes no quieren creernos’”, recuerda que le dijo, y siguió: “‘No sé por qué no quieren creernos, si trabajamos hasta en la misma institución ¿qué es lo que pasa?’”.

Hasta el momento, ni la ATIC ni la jefatura del MP han hecho públicos los detalles específicos de su investigación para responder a los cuestionamientos sobre la escena de la muerte de la agente Hernández Mancía: el balazo sin sangre, el cuerpo removido del suelo y un charco de sangre a una cama, los hematomas en el cuello, el teléfono que terminó dañado en una jarra de agua.

Hasta ahora, la historia de la agente que investigaba el oscuro mundo del crimen organizado en una de las capitales del narcotráfico hondureño sigue generando más preguntas que respuestas. Hasta ahora, Sherill Yubissa Hernández Mancía ha muerto dos muertes distintas.

*Victoria Dittmar contribuyó en la investigación para este reporte.

 

Este reportaje fue hecho por insight crime

Tegucigalpa. – Empleados del sistema sanitario han acudido a organizaciones de derechos humanos a denunciar que están siendo víctimas de abusos de poder por parte de las autoridades del gobierno.

Además de los abusos, los empleados han denunciado que el gobierno no les está dotando de los insumos y equipo de bioseguridad para evitar los contagios por coronavirus (Covid-19) en sus centros de trabajo.

El Centro de Investigación y Promoción de los Derecho Humanos (Ciprodeh) informó este martes que a partir del 31 de marzo puso a disposición de la ciudadanía hondureña un mecanismo virtual de atención de denuncias de violaciones a derechos humanos y que hasta el 4 de abril había recibido 22 denuncias.

El organismo de derechos humanos detalló mediante un comunicado que 67% de las denuncias hacen referencia a la falta de material bioseguridad y Equipo de Protección Personal (EPP) para los empleados del sector sanitario (médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza), así como público en general.

Asimismo, que recibió información respecto de la imposición de “acuerdos de confidencialidad al personal sanitario por parte de las autoridades administrativas, bajo la advertencia de someter a procesos legales a aquellas personas que difundan información calificada como reservada, confidencial o secreta, o hacer uso de la prensa, radio o televisión para publicar artículos o información relacionada al servicio, así como la prohibición de hacer comentarios de la información, con personal ajeno a la institución”.

A juicio de Ciprodeh un alto porcentaje de las denuncias refieren violaciones al derecho a la integridad física y moral, derecho a la seguridad, derecho a la libertad de expresión, y la violación a los derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la alimentación y el derecho a la educación.

ABUSOS DE PODER

Por otra parte, la organización de sociedad civil considera alarmante que el 55% de las denuncias aleguen abusos de poder y faltas a los deberes de los funcionarios, “quienes imponen medidas irregulares y sin control”, particularmente al personal sanitario y de servicios en el área de salud.

El Ciprodeh informó además el registro de denuncias relativas a violaciones a los derechos de las y los trabajadores; sobre este punto se registran despidos ilegales e injustificados, señala.

De igual forma, dice tener documentado que la distribución de ayuda humanitaria, anunciada por el gobierno, se esté efectuando de manera selectiva, basada en criterios político-partidarios, “situación que coloca en un estado de necesidad a la población, para salir de sus casas a buscar alimentos aptos para el consumo o a manifestarse para exigir al gobierno la entrega de dicha ayuda humanitaria, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido reactiva, haciendo un uso innecesario, desproporcionado e ilegal de la fuerza y armas no letales como el gas lacrimógeno”, señala el comunicado.

Por otra parte, el Ciprodeh hace alusión a la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Iris Argentina Álvarez Chávez, quien habría perdido la vida como producto de un desalojo violento en la comunidad de Los Chachos, Marcovia, Departamento de Choluteca, el pasado 2 de abril de 2020.

El Ciprodh lamenta que los agente encargados de hacer cumplir la ley utilizan como pretexto el estado de excepción para disminuir y restringir los derechos humanos y violentar algunos derechos fundamentales.

Nota tomada de Criterio.hn 

Mesa de DDHH | Comunicado 03/20

La Mesa de Derechos Humanos, ante la comunidad nacional e internacional, expresa las siguientes preocupaciones:

1. Después de dos meses de confinamiento, el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha presentado ante el pueblo hondureño, una estrategia integral con un enfoque basado en derechos humanos, para enfrentar la pandemia y las consecuencias de ésta en la sociedad hondureña, especialmente en los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad, por el contrario, ha internalizado el miedo y la culpa en la ciudadanía en general.

2. Todas las medidas hasta hoy tomadas por el gobierno son antidemocráticas, empañadas por denuncias de corrupción, abuso de poder, falta de transparencia, de rendición de cuentas y de una legítima y verdadera participación ciudadana.

3. La falta de legitimidad del gobierno de Juan Orlando Hernández se debe a las graves denuncias de fraude electoral en los comicios del 2013, 2017, la ilegal y cuestionada reelección presidencial, sus vínculos con actos de corrupción y nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos, según acusaciones de la Fiscalía de New York.

4. Vemos con preocupación, como el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha debilitado la institucionalidad publica, aprovechándose de ésta en el marco de la emergencia por el COVID-19, para anular el disenso de los diversos sectores políticos de oposición, obstruir el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y evadir la veeduría social que realizan los diferentes sectores de la sociedad, socavando el Estado de Derecho y deteriorando aún más la institucionalidad democrática en detrimento de los derechos humanos.

5. Todo lo anterior obedece a un claro secuestro de los tres poderes del estado, usurpado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde existe una clara relación de subordinación del poder legislativo y judicial bajo el poder ejecutivo.

6. La Mesa de Derechos Humanos, consideramos que esta crisis económica, política y social, no puede ser superada con un gobierno que carece de legitimidad, legalidad y que abusa deliberadamente de los derechos humanos en Honduras.

La Mesa de Derechos Humanos demanda a las y los Diputados en el Congreso Nacional para que asuman con ética y responsabilidad la función encomendada por el pueblo hondureño:

1. Interpelar al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, para que rinda cuentas sobre el uso de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria nacional, sus vínculos con actos de corrupción y los nexos con narcotraficantes o conspiradores para traficar droga a los Estados Unidos según la Corte del Distrito Sur
de Nueva York.

2. Someter a Juicio Político al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, quien
ostenta ilegítima e ilegalmente el cargo de presidente de la República, por las graves denuncias en el desempeño de su cargo; por actuar contra lo dispuesto en la Constitución de la República; por actuar contra los intereses nacionales y por actuar con negligencia para responder con responsabilidad a las necesidades del país, en el marco de la pandemia por COVID-19.

3. Someter a Juicio Político al ciudadano Oscar Fernando Chichilla, quien ha actuado con negligencia y complicidad, para representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad según las funciones de su cargo, e incapaz de garantizar la independencia del Ministerio Público como parte del sistema operador de justicia.

A las organizaciones internacionales de cooperación como las diferentes agencias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, al cuerpo diplomático, La Mesa de Derechos Humanos les solicita que revisen su contribución al régimen de Juan Orlando Hernández y eviten apoyar las acciones de su gobierno, por ser contrarias a los principios democráticos, violentan los derechos humanos y no contribuyen al bienestar social, político y económico de la sociedad hondureña.

Al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centro Americano de desarrollo (BCIE) y demás bancos de segundo piso, les pedimos que suspendan el apoyo a este régimen ilegítimo, ilegal y violador de derechos humanos. La continuidad de su apoyo puede contribuir a que esta grave crisis se prolongue y que la democracia se deteriore aún más.

A las organizaciones y plataformas sociales, a la sociedad civil organizada, al sector empresarial, la academia, a los gremios profesionales y a la sociedad hondureña en general, la Mesa de Derechos Humanos, hace un llamado a que juntos demandemos la creación de un gobierno de transición integrado por todos los sectores de la sociedad, que nos permita enfrentar esta crisis de derechos humanos y el retorno a la institucionalidad democrática.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 15 días del mes de mayo 2020

Organizaciones parte de la Mesa de Derechos Humanos: 1. Acción Ecuménica por los Derechos Humanos; 2. Asociación Para una Vida Mejor (APUVIMEH); 3. Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH; 4. Asociación para una Ciudadanía Participativa; (Aci Participa) 5. Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); 6. Asociación Kukulkán; 7. Casa Alianza de Honduras (CAH). 8. Centro de Desarrollo Humano Honduras (CDH). 9. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). 10. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT). 11. Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños. Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN). 12. Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) 13. Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) 14. Iglesia Cristiana “Agape”. 15. Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán 16. Madre Tierra 17. Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+H)