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Honduras: Desalojo violento de estudiantes de la UNAH en huelga de hambre y hostigamiento judicial a 37 defensores de DDHH (FIDH)

Fotografía; Evelyn Molina

Nuevas informaciones
HND 007 / 0617 /OBS 73.2
Uso excesivo de la fuerza /
Hostigamiento judicial
Honduras
1 de septiembre de 2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nueva información y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre el reciente desalojo violento de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que llevaban cincuenta días en huelga de hambre [1] así como de la continuación del hostigamiento judicial contra los 19 estudiantes [2] y el periodista [3] detenidos desde el 26 de mayo de 2017.

Según la información recibida, el 16 de agosto de 2017, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado atacaron a un grupo de estudiantes cuando estos se disponían a salir por la entrada principal de a UNAH para participar en el “Miércoles de Flores”, consistente en poner flores en la estatua de la Virgen de Suyapa en señal de rechazo a la violencia. La intervención policial contra los estudiantes incluyó el uso de gases lacrimógenos, con el evidente riesgo para la salud de los estudiantes que participaban en la huelga de hambre, en lo que constituyó un ataque no justificado. Los tres estudiantes que estaban en huelga de hambre tuvieron que recibir tratamiento médico además de varios estudiantes que también participaban.

Además, el 1 de septiembre tendrá lugar la audiencia en la que se espera una resolución sobre el caso de los 19 estudiantes y el periodista detenidos desde el 26 de mayo de 2017. Los 20 defensores son acusados de los delitos de daños y privación injusta de libertad en el contexto de sus protestas mediante la ocupación del edificio administrativo del Centro Universitario de Tegucigalpa en apoyo a tres defensores criminalizados, los Sres. Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, en el día en el que tenía lugar la primera audiencia en su contra (véase antecedentes).

El Observatorio recuerda que los tres defensores fueron declarados culpables el pasado 7 de junio por un Tribunal de Sentencia de la CSJ del supuesto delito de usurpación, una figura penal ambigua utilizada indebidamente para criminalizar la protesta, en este caso como represalia por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y protestas pacíficas en la UNAH.

Además, el 1 de septiembre, 17 estudiantes del Centro Regional del Litoral Pacífico en Choluteca (CURLP) asistirán a una audiencia en vía administrativa en la que se enfrentan a una posible suspensión de la universidad por un periodo de cinco años en conexión con sus protestas. 15 [4] de estos estudiantes están siendo procesados por cargos de usurpación en otro proceso por los mismos hechos. Hasta la fecha 20 estudiantes de la UNAH en Tegucigalpa han sido suspendidos por periodos de 5 años.

Estos hechos se producen en contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la UNAH, por parte de las autoridades universitarias que han recurrido a la prohibición de manifestaciones, al uso de la fuerza policial, incluyendo cuerpos élite de las fuerzas de seguridad del Estado, así como de la seguridad privada para reprimir manifestaciones, la interposición de acciones penales con el objetivo de desarticular y deslegitimar a las organizaciones estudiantiles, incluyendo aquellas que defienden derechos humanos como el derecho a la educación y al ejercicio pacífico de la protesta (ver antecedentes).

El Observatorio recuerda que en este contexto se han producido ya dos asesinatos, el delSr. Roberto Antonio Gómez quien actuaba como portavoz de un colectivo de padres de 19 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en fecha de 23 de junio y, posteriormente, el 12 de julio de 2017 el del Sr. Luis Joel Rivera Perdomo, integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) y miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) de laUNAH.

Es importante destacar que estos hechos se enmarcan también dentro de una campaña sistemática de ataques públicos, verbales y físicos contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Honduras [5] que les pone en una situación de alto riesgo.

Por todo lo anterior, el Observatorio condena la represión violenta en contra de los estudiantes en huelga de hambre, así como las prácticas de estigmatización, represión y criminalización en contra de los líderes del Movimiento Estudiantil en la UNAH. Además, el Observatorio solicita a las autoridades hondureñas que inicien una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial para llevar ante de la justicia los autores de los asesinatos y que pongan fin a todo tipo de hostigamiento, incluyendo judicial, en contra del movimiento estudiantil.

Antecedentes:

El conflicto estudiantil inició en 2014 tras la expulsión y criminalización de al menos diez estudiantes en el contexto de protestas contra varios artículos de las normas académicas y de demandas de mejoras logísticas de los centros regionales de la UNAH.

El 8 abril de 2015 del Sr. Donatilo Jiménez Euceda, ex-presidente del SITRAUNAH seccional # 3, cargo que desempeñó por dos mandatos, fue desaparecido en horas de trabajo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) en La Ceiba, Atlántida.

En 17 junio de 2015, el Sr. Héctor Orlando Martínez, Presidente del seccional N° 6 del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) fue asesinado, al salir de la Universidad cuando se dirigía a su residencia. El Señor Motiño había denunciado varias veces las amenazas de que era objeto.

El 26 de mayo de 2017, el grupo de 19 estudiantes y un periodista que estaban manifestando pacíficamente su apoyo a los Sres. Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa fueron víctimas de una represión muy violenta, golpeados y gaseados y, finalmente, detenidos. El 16 de junio de 2017 se produjo la audiencia de descargo para los 20 detenidos y en esta ocasión otros seis estudiantes quedaron presos pese a no haber orden de captura. Los días 22 de junio de 2017 y 21 de julio de 2017, tuvieron lugar sendas audiencias por los delitos de daños y privación injusta de libertad en contra de los 20 detenidos.

El 23 de junio de 2017 en las primeras horas de la mañana, individuos no identificados se acercaron al Sr. Roberto Antonio Gómezcerca de su domicilio en el sector oriental de la ciudad de Tegucigalpa y le dispararon causándole la muerte. El día anterior, el Sr. Gómez había mostrado su apoyo a su hijo estudiante de la UNAH criminalizado y al movimiento estudiantil a través de numerosas entrevistas con medios de comunicación.

El 12 de julio alrededor de las 21 horas, individuos desconocidos interrumpieron al domicilio del Sr. Luis Joel Rivera Perdomo, ubicado en la colonia el Pedregal de Comayagüela, lo sacaron por la fuerza y los asesinaron a balazos en la calle peatonal donde se ubica su domicilio.

Según informaciones de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) en total son 47 personas criminalizadas y judicializadas en el contexto del conflicto de la UNAH y de las reivindicaciones del estudiantado de mejora para una educación pública e incluyente: 46 estudiantes universitarios y 1 periodista que cubría la noticia.

De los 46, tres jóvenes fueron criminalizados en 2015, 2 menores de edad en 2016 (tienen sobreseimiento provisional desde el 2016) y 41 estudiantes fueron criminalizados en 2017 (1 estudiante del Valle de Sula, 25 estudiantes en Tegucigalpa y 15 en Choluteca).

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los agentes involucrados en el uso excesivo de la fuerza contra el estudiantado de la UNAH así como a los funcionarios y autoridades responsables de esta intervención;

ii. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables de los asesinatos de los Sres. Roberto Antonio Gómez y Luis Joel Rivera Perdomo y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los estudiantes criminalizados y sus familiares;

iii. Poner fin a todo tipo de criminalización de los estudiantes por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica y, concretamente, revisar las condenas contra los Sres. Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ser contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos;

iv. Poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de los y las estudiantes de la UNAH así como, en general, de todas la personas defensoras de derechos humanos en Honduras;

v. Poner fin a la militarización de las instalaciones de la UNAH, retirar de los predios la presencia de fuerzas de elite de la policía nacional, así como iniciar un proceso de investigación efectiva sobre las presuntas torturas y malos tratos de estudiantes a manos de los guardias privados de seguridad de la UNAH;

vi. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

vii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

viii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

Direcciones:

• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia,
Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 1 de septiembre de 2017

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu,el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

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