HIDROCEP agrede a defensores del ambiente en el Litoral Atlántico de Honduras

Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha denunciado la agresión a la que fue sometido por un grupo de al menos 20 personas que conforman la empresa HIDROCEP.

Fernández junto a Oscar Martínez también miembro del MADJ, inspeccionaban los daños causados por la empresa HIDROCEP, cuando la turba llego al lugar donde se encontraban; “iniciaron a insultarnos, luego se abalanzaron contra mí y comenzaron a golpearme” manifestó Fernández.
Integrantes del MADJ han manifestado públicamente, que este acto abrupto responde a que el Movimiento Amplio convocó a un plantón frente el Ministerio Público de Tela para presentar una carta abierta a la entidad fiscal exigiendo castigue a la empresa HIDROCEP por los daños ambientales causados en el Río Mezapa, y la Cordillera Nombre de Dios los cuales fueron constatados y reconocidos públicamente por el Ministerio Público mediante dictamen emitido en agosto de 2016.

Durante el plantón convocado por el MADJ frente al Ministerio Público de Tela, llegó de manera inmediata la Policía Nacional y cuerpos antimotines con una tanqueta para proceder al desalojo. Sin importar los intentos de explicar el porqué de la acción la policía procedió a dar únicamente plazos para realizar el retiro de la carretera, al tiempo que destruyeron los baner, mantas y otros materiales que estaban siendo utilizados en la protesta pacífica.
Asimismo, integrantes del MADJ denunciaron ante medios de comunicación y en sus redes sociales, que los hechores de la tortura en contra de Martín Fernández y Oscar Martínez no fueron capturados por la Policía Nacional, mostrando con ello la complicidad que existe entre las autoridades y detractores del ambiente.
CIPRODEH se solidariza con los compañeros y compañeras del MADJ y responsabiliza al Estado de Honduras y a la empresa HIDROCEP propiedad de Jason Hawit, por cualquier daño físico o material en contra de integrantes del MADJ.

Martín Fernández es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana (CIDH) desde el 2013.

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